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El proyecto aprobado en último debate en la plenaria del Senado, el cual prohíbe el consumo de droga en parques, entornos escolares y otros sitios públicos, ya comenzó a generar polémica.
La iniciativa entrega herramientas a las autoridades para poder incautar cualquier cantidad de estupefacientes, incluyendo la dosis mínima. Además, otorga facultades a los alcaldes para determinar en qué otros sitios públicos estaría prohibida la ingesta de estas sustancias.
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Esta medida, según han advertido algunos sectores, podría prestarte para abusos por parte de mandatarios regionales, que dependiendo de su ideología, podrían establecer perímetros exagerados o irrisorios para prohibir el consumo.
El senador Armando Benedetti indicó que el proyecto no establece unos criterios específicos para definir esos espacios.
“El problema está en que si se establece que los alcaldes sean los que definan los perímetros, alguien puede decir que la prohibición estará en dos kilómetros y otro puede decir que solo en 100 metros”, indicó.
“¿Eso con base en qué se definiría?, ¿en lo que reza el alcalde?, ¿en su perfil político, en su partido?, eso es absurdo”, añadió.
Sin embargo, el senador Rodrigo Lara respondió diciendo que los mandatarios regionales no pueden cometer “alcaldadas”. Según Lara, una medida de esa naturaleza no se podría tomar porque “no es proporcional, ni razonable”.
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El proyecto de ley establece que la droga no solo debe decomisarse y destruirse, también se podrían imponer correctivos a las personas que violen la prohibición de consumir estas sustancias en los sitios públicos previamente delimitados por los mandatarios regionales.
Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes deberán aprobar la conciliación de la iniciativa para que posteriormente pueda pasar a sanción del presidente Iván Duque.
