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El presidente Gustavo Petro calificó como un acto de persecución política y judicial la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá que dispuso el envío a la cárcel de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes son investigados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
A través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado cuestionó la decisión judicial y sostuvo que en Colombia persiste una justicia selectiva que, a su juicio, actúa con mayor severidad contra sectores políticos distintos a los tradicionales. En ese contexto, aseguró que la corrupción y la impunidad han marcado la historia reciente del país y que ciertos grupos de poder priorizan intereses particulares sobre los colectivos.
Petro afirmó que la privación de la libertad de los exministros no responde únicamente a un análisis jurídico, sino que estaría relacionada con intereses políticos de cara al escenario electoral. Según escribió, “solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones”, y agregó que, desde su perspectiva, se han debilitado las reglas democráticas para quienes hoy ejercen oposición a su gobierno.
En su mensaje, el mandatario también puso en duda la legalidad de la medida, al señalar que las partes no habrían solicitado la detención preventiva y que, en su criterio, el juez de control de garantías se habría extralimitado. En esa misma línea, comparó el caso de Bonilla y Velasco con el proceso judicial que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, al señalar que, pese a errores personales, “no tenía que ser encarcelado”, según su interpretación de las actuaciones judiciales.
El presidente fue más allá y aseguró que en Colombia se estaría configurando un fenómeno de lawfare, término con el que se refiere al uso del aparato judicial con fines políticos. “Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día”, escribió, reiterando que su gobierno continuará, según dijo, defendiendo los intereses del pueblo y el Estado Social de Derecho.
En el pronunciamiento, Petro también defendió las decisiones tomadas durante su administración, especialmente en lo relacionado con los nombramientos que hoy son objeto de investigación.
Recordó que él mismo propuso una terna para la Fiscalía General de la Nación integrada por personas que, según afirmó, no conocía personalmente, asumiendo lo que calificó como un “enorme riesgo” en favor de la democracia.
El mandatario sostuvo que las tensiones actuales no pueden analizarse como hechos aislados y que, en su opinión, responden a una confrontación más profunda entre su proyecto político y sectores que se oponen a las reformas impulsadas por el Gobierno. Incluso afirmó que la oposición no estaría dispuesta a aceptar “otros cuatro años más de progresismo”, lo que explicaría, según él, la intensidad de los ataques contra su administración.
Finalmente, Petro vinculó la coyuntura judicial con disputas internas dentro de estructuras criminales y políticas, al señalar que estas tensiones se habrían intensificado luego de conocerse encuestas que favorecerían al partido de gobierno. Para el presidente, estos hechos evidencian una lucha por el control del poder y de los recursos del Estado, en medio de un ambiente de alta polarización política y jurídica en el país.
