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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue presentada una denuncia penal en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que el Gobierno Nacional suscribiera un polémico contrato por 10.000 millones de pesos, para la defensa del presidente Gustavo Petro tras su incluisión en la Lista Clinton.
La denuncia fue presentada por el activista político Josias Fiesco, quien solicitó que el mandatario sea investigado por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación.
En el documento, Fiesco solicita “admitir la presente denuncia y por lo tanto iniciar la correspodiente investigación contra el presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación consagrado en el artículo 397 del Código Penal, al disponer de presupuesto público para pagar honorarios a abogados para iniciar acciones jurídicas que son relativas a temas netamente personales y en nada tienen que ver con el ejercicio de su cargo”.
En la denuncia se relata cuál es el objeto del contrato suscrito entre la Presidencia de la República y una firma internacional especializada en estos temas.
El contrato se firmó con “Amadeus Consultancy Limite”, por el siguiente concepto: “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras; así, como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.
¿Defensa gratuita?
Además, recuerda que en su momento el presidente Petro informó que el abogado Daniel Kovalik asumiría su defensa en el caso de su inclusión en la Lista OFAC y se dijo que dicha defensa se adelantaría de forma gratuita.
Sin embargo, se supo que Kovalik trabaja para la firma que recibió este millonario contrato. “El mismo Petro Urrego admitió haber utilizado recursos públicos para el pago de los mencionados abogados, que, según él, en un principio sería gratuito, pero terminó costando 10 mil millones de pesos”, indica el documento.
Ya la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si se pudo haber presentado un posible detrimento patrimonial, tras la firma de este convenio.
Se espera que la Comisión de Acusación de la Cámara aborde el tema, luego de haber recibido varias pruebas, entre ellas, la minuta del contrato entre el Gobierno y la firma británica.
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