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El presidente Gustavo Petro respondió a la Contraloría General de la República, luego de que ese organismo advirtiera que es “inviable” el decreto con el que el Gobierno busca ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados, hacia Colpensiones.
El mandatario acusó a la Contraloría de actuar en “complicidad” y de no garantizar la devolución de los ahorros a los cotizantes que han decidido cambiarse al régimen público.
“Le voy a pedir a la Contraloría que deje de ser cómplice de un robo. Si no devuelven los ahorros de los cotizantes de los fondos de pensiones que decidieron irse de ellos y pasarse a Colpensiones, simplemente están cometiendo un robo”, afirmó.
En esa línea, Petro insistió en que los recursos pertenecen exclusivamente a los trabajadores y no a las entidades financieras.
“El dinero del ahorro no es de los bancos. Que lo hayan invertido en cosas que la Contraloría debería investigar, antes de volverse cómplice, no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece”, señaló.
Habla de “corralito” y fuga de capitales
El jefe de Estado elevó el tono de sus críticas y aseguró que actualmente existe una retención indebida de los recursos por parte de los fondos privados.
“Están haciendo un corralito con los ahorros y la Corte Constitucional no se mueve con la reforma pensional, temerosa de darle un triunfo electoral al Gobierno”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió sobre una supuesta salida de recursos al exterior. “Estamos ante un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior, buscando no devolver los dineros de los propietarios del ahorro: las y los trabajadores”, agregó.
Petro también cuestionó el papel de las autoridades de vigilancia, al asegurar que no han actuado frente a estas denuncias.
“La Superintendencia Financiera y la Contraloría, sin investigar, en silencio o en complicidad”, concluyó.
La advertencia de la Contraloría
Las declaraciones del presidente se dan luego de que la Contraloría General de la República alertara sobre los riesgos del decreto del Gobierno, al considerar que la medida es “inviable”.
El organismo expresó su preocupación por el traslado masivo de recursos, advirtiendo que ese dinero podría terminar siendo utilizado como gasto corriente, lo que pondría en riesgo su destinación original.
