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Pastor Alape, integrante del partido Farc, aseguró en LA FM que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene competencia frente al caso de Jesús Santrich. Lo dijo luego de que el tribunal suspendiera la extradición de éste último. Según dijo, a la fecha "nadie conoce la acusación contra Jesús Santrich", al tiempo que aseguró que en la Fiscalía General de la Nación "se le está apuntando a desmontar el proceso de paz".
"Mi impresión es bastante preocupante por el ataque sostenido", dijo Alape, al cuestionar al accionar de la Fiscalía General de la Nación con Jesús Santrich. A su modo de ver, la suspensión del proceso de extradición "hace parte de las competencias de la JEP".
"La Fiscalía actúa cada vez más en política y es desconcertante la postura del Gobierno frente a la JEP", dijo Alape, al cuestionar el pronunciamiento del Gobierno al respecto.
Consulte aquí: El pronunciamiento del Gobierno luego de que la JEP suspendiera extradición de Jesús Santrich
Escuche la entrevista con Pastor Alape, integrante del partido de las Farc
La extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, acusado de narcotráfico, sufrió un revés con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de suspender el trámite, lo que agudiza la polémica en torno a su caso.
La JEP, organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, decidió suspender el trámite de extradición a Estados Unidos de Santrich.
En una providencia en la que examinó el caso, la JEP resolvió "ordenar a las autoridades nacionales suspender el trámite de extradición que se encuentra en curso en contra de Seuxis Paucias Hernández Solarte", conocido como Jesús Santrich y uno de los líderes de las Farc.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las Farc firmaron el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.
Por eso la JEP ordenó también al Ministerio de Relaciones Exteriores "que una vez reciba la solicitud formal de extradición, remita copia" a la Sección de Revisión de la JEP "para lo de su competencia".
El caso hizo que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, advirtiera en una carta enviada al procurador general, Fernando Carrillo, que la decisión de la JEP "pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional de Colombia", y solicitó su intervención "para que se revoque o decrete su nulidad (de la decisión de la JEP)".
"Tengo la certeza de que su despacho obrará con prontitud y determinación en la defensa del orden constitucional de la República, en esta hora en que ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito", agregó Martínez.
El director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, dijo que la decisión de la JEP "hace parte de sus funciones, pues está resolviendo una solicitud que en ese sentido había hecho el señor Seuxis Hernández a través de su apoderado".
Desde su óptica, la extradición "de hecho estaba suspendida, ya que le corresponde a la JEP determinar si los presuntos delitos de los que se lo acusa se cometieron antes o después del 1 de diciembre de 2016 (fecha en la que entró en vigor el acuerdo de paz) y de eso dependerá si es juzgado por la JEP o se remite el asunto a la justicia ordinaria". Y agregó: "Si el señor Hernández es extraditado su obligación de contribuir con la justicia, decir la verdad y reparar a las víctimas está en entredicho".
El caso de Santrich es objeto de controversia porque desde el día de su captura inició una huelga de hambre en protesta por lo que considera un "montaje" en su contra.
Por esa razón, fue trasladado hace unas semanas a un hospital y de ahí el pasado viernes a una casa del episcopado, medida cuestionada por varios sectores de la sociedad, e incluso por el fiscal y el procurador y hasta por parte de la jerarquía de la iglesia católica colombiana.
Quienes critican el traslado de Santrich a la casa episcopal argumentan que sienta un mal precedente porque otorga beneficios que pueden ser invocados por otros presos y además acaba "premiando" el delito del narcotráfico. La decisión de la JEP se trasladó al campo político, donde candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo 27 de mayo manifestaron sus críticas.
El aspirante por el uribista partido Centro Democrático, Iván Duque, que tiene la mayor intención del voto en todas las encuestas, calificó la decisión como "desafortunada". Duque aseguró que Santrich fue capturado "por mafioso y además ha sido solicitado en extradición por mafioso" y por eso espera que la decisión de la JEP "no sea para darle una protección adicional a un criminal y que el país proceda rápidamente a esa extradición que es necesaria".
En sentido opuesto se manifestó el candidato por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, que fue negociador de paz del Gobierno, y a quien le pareció "absolutamente lógica" la decisión de la JEP, ya que "es exactamente lo que dice la ley". Entre tanto, los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero, y del Interior, Guillermo Rivera, aseguraron en un comunicado que el Gobierno respeta la decisión de la JEP de suspender la extradición de Santrich.
Sin embargo, pidieron al Congreso tramitar "con la mayor urgencia" el proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de la JEP, "aplicables a este tipo de cuestiones" y "cuyo texto se encuentra a consideración de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara".
