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La Contraloría General de la República reiteró ante la Cancillería que persisten riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos en el contrato del nuevo modelo de expedición de pasaportes, que entraría en vigencia el próximo 1 de abril, pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado públicamente que no existen retrasos ni riesgos en su implementación.
En una comunicación dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mary, el contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, cuestionó la afirmación del Ministerio según la cual “no existen retrasos ni riesgos financieros y operativos” en el nuevo modelo de pasaportes.
“Dicha afirmación no se compadece con los riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos evidenciados y documentados por la CGR”, señaló el funcionario, al indicar que estos riesgos ya habían sido advertidos formalmente tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia.
La Contraloría explicó que sus observaciones se enmarcan en el ejercicio de control fiscal preventivo y concomitante, cuyo objetivo es advertir oportunamente posibles afectaciones al patrimonio público o a la continuidad de servicios esenciales.
Retrasos frente al cronograma inicial
Según el ente de control, sí existen retrasos probados en la implementación del nuevo modelo. La Contraloría aseguró que ha evidenciado un “desapego a los términos y fechas originalmente previstas”, lo que ha obligado a mantener mecanismos transitorios para garantizar la continuidad del servicio.
“Se han evidenciado tanto retrasos en el cumplimiento de los términos fijados, como reiterados cambios en el cronograma de implementación del modelo, prorrogando en cada caso las fechas para el cumplimiento de las actividades”, indicó la CGR.
El organismo de control sostuvo que, aunque las prórrogas permiten reportar formalmente el cumplimiento de los cronogramas, esto no elimina los retrasos ni el riesgo de incumplimiento de los plazos inicialmente establecidos, y advirtió que el aumento en el número de actividades refleja problemas de planeación.
Riesgos financieros y de sostenibilidad del modelo
La Contraloría también reiteró que existen riesgos relevantes que, a su juicio, no han sido atendidos ni desvirtuados por el Ministerio. Entre ellos, mencionó la falta de una estimación integral de los costos del servicio bajo el nuevo modelo.
“No existe una estimación completa que incluya formalización, suministro, personalización, custodia, distribución, transporte, IVA y demás impuestos”, advirtió la CGR, al señalar que la entidad aún no dispone de la oferta económica que permitiría operar el modelo.
Además, alertó sobre un posible incremento de costos operativos y su impacto en las fuentes de financiación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como sobre el riesgo cambiario, dado que el esquema contempla pagos en euros que serían asumidos por el Estado colombiano.
Otros riesgos advertidos
Entre los riesgos adicionales, la Contraloría mencionó la transición a un esquema con una cantidad mínima anual predefinida de pasaportes, la posibilidad de intereses por pagos extemporáneos no previstos en modelos anteriores y la eventual activación de una garantía a primer requerimiento por 6.375.000 euros.
Este último punto, según el ente de control, podría representar una afectación económica adicional para el Estado, especialmente en un contexto de retrasos y demandas vigentes.
Llamado a adoptar medidas
La Contraloría aclaró que su comunicación no busca abrir un debate con la Cancillería, sino cumplir con su deber constitucional de advertir riesgos que puedan afectar el patrimonio público o la prestación de un servicio esencial.
“Reiteramos que la Contraloría actúa movida únicamente por el propósito institucional de evitar que se materialicen riesgos que puedan derivar en daño al patrimonio público o en una afectación grave a la prestación del servicio”, señaló Abadía García.
Finalmente, el organismo instó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia a adoptar “medidas verificables, oportunas y suficientes” para mitigar los riesgos advertidos y garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.
