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La difusión de una imagen con una corona fúnebre a nombre de la candidata presidencial Paloma Valencia encendió las alarmas en el escenario político, al interpretarse como una amenaza en su contra en plena contienda electoral.
La publicación, que circuló en la red social X y contenía una fotografía de Paloma Valencia en blanco y negro junto al mensaje “descanse en paz”, fue denunciada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que generó rechazo desde distintos sectores y preocupación por las garantías de seguridad.
Protección
En ese contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló las acciones adoptadas por el Gobierno para proteger a los participantes del proceso electoral.
“Desde el 19 de junio de 2025 activamos el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso Electoral para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral”, afirmó.
Según explicó, “lo hicimos antes de la inscripción de candidatos, evaluando y adoptando medidas de protección incluso para precandidatos”.
Seguridad
El funcionario precisó que, de cara a las consultas del 8 de marzo, “fueron evaluados 77 precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, con la asignación de 253 personas de protección, 381 policías, 92 vehículos blindados y 52 convencionales”.
Asimismo, aseguró que en la actualidad “todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con medidas de seguridad”, para lo cual “se han dispuesto 100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales”.
Armando Benedetti también subrayó que “se ha garantizado la seguridad en sus desplazamientos de campaña en todo el territorio nacional, con acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada”.
Defensoría
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó de manera categórica las intimidaciones y pidió una respuesta institucional urgente.
“Rechazamos las amenazas y hostigamientos contra la candidata presidencial Paloma Valencia y hacemos un llamado urgente a investigarlos y a proteger el debate democrático”, señaló la entidad.
Además, reiteró que “en un Estado Social de Derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política” y enfatizó que la protección de quienes intervienen en el debate público es esencial para la legitimidad electoral.
La Defensoría también solicitó a la Fiscalía General de la Nación actuar con celeridad. “Estos hechos exigen una respuesta institucional oportuna”, indicó, al tiempo que pidió “identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata”.
Además, hizo énfasis en la necesidad de reforzar las garantías para las mujeres en política: “Existe un deber reforzado del Estado para promover la participación de las mujeres y prevenir hechos de violencia en este contexto”, advirtió, recordando que actualmente solo el 23 % de las candidaturas corresponde a mujeres.
