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Rafael Enrique Romero Payares aparece como representante legal de la empresa Omega Buildings, una de las partícipes de la Unión Temporal Centros Poblados. A su vez tuvo un contrato con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, desde junio hasta octubre de 2019 que terminó anticipadamente, pues el contrato original iba hasta diciembre. Justamente en ese año la CAR le entregó dos contratos a la empresa Niutelco del empresario Juan Carlos Cáceres, una de las más cuestionadas en el escándalo, y que terminó en 2020 de socia de Omega Buildings en cabeza de Romero Payares.
Antes, Romero obtuvo también un cargo de contratista en el Sena firmado en enero de 2018. El objeto de ese contrato por más de 49 millones de pesos, fue “proponer y acompañar la implementación de estrategias para cumplir con los tiempos previstos y la calidad de la información según el marco legal para el otorgamiento de registros calificados sean de renovación, ampliación, modificación, extensión o cualquier otra forma”. El plazo de ejecución fue de 300 días.
El representante legal de Omega Buildings también obtuvo un contrato con la Cámara de Representantes en pleno 2021, luego de que el Ministerio de las TIC adjudicara la licitación a la Unión Temporal de la que Omega hacía parte en diciembre de 2020.
Este contrato se firmó con el objeto de “prestar servicios profesionales para acompañar la división financiera en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas tanto personas naturales y jurídicas". Fue firmado el 17 de febrero de 2021 y aparece vigente en el Secop hasta el 14 de diciembre de 2021.
El total de la contratación la realizó la Cámara de Representantes por 40 millones de pesos, es decir para un total de salario de alrededor de 4 millones al mes para Romero Payares. La pregunta que queda es por qué el representante legal de una compañía de infraestructura que ha tenido otros contratos con el Estado y beneficiaria de una licitación millonaria con el Ministerio de las TIC, a su vez resultó contratista de la Cámara para apoyar a la división financiera en revisión de cuentas con un salario de cuatro millones al mes.
Como Romero, otra de las personas vinculadas a las empresas de la Unión Temporal y que ha sido investigada por las autoridades colombianas, trabajó en el Senado en la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Daira Galvis. Se trata de Karin Stefanía Pupo Benito Revollo, que al mismo tiempo aparece como representante legal suplente de ICM Ingenieros, otro de los miembros de Centros Poblados.
La senadora Galvis de Cambio Radical le dijo a La FM que no sabía que Pupo Benito pertenecía a esa compañía y que trabajó en su equipo hasta antes de la pandemia por necesidades del cargo en tele trabajo.
La FM le preguntó a la Dirección Administrativa de la Cámara para consultar en qué términos se dio el contrato de Romero Payares, al mismo tiempo que aparecía como representante legal de una compañía privada de infraestructura como ganadora de una licitación millonaria con la cartera de las Tic. Hasta ahora no hemos recibido respuesta.
