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Una vez se conozca el decreto o la directiva presidencial con la cual se convoca formalmente el día cívico este martes 18 de marzo, para que los funcionarios puedan salir a marchar en pro de las reformas sociales, la oposición presentará una demanda.
El presidente Gustavo Petro ha defendido la convocatoria a la ciudadanía y ha cuestionado a los alcaldes que no se acogerán a la convocatoria hecha por el jefe de Estado.
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No obstante, desde Cambio Radical consideran que la idea del presidente Petro afecta la productividad del país y por eso interpondrán una acción judicial para tratar de frenarla.
El senador Carlos Fernando Motoa dijo que procederá con “una demanda formal, porque no se puede utilizar esta figura para intereses personales y mucho menos para apoyar una determinada campaña política, como en este caso es la convocatoria a unas marchas para promover o para apoyar unas consultas populares en un futuro que el presidente pretende convocar”.
Motoa afirma que Petro “no es el dueño de las calles”, e instó a los mandatarios locales a hacer caso omiso de la directiva que emitirá el Gobierno en torno al día cívico.
“Esperamos que alcaldes y gobernadores se pronuncien contra el día cívico, que no se afecte la productividad del país y que esa campaña política que el presidente ha anticipado no se convierta en una afectación de otros derechos fundamentales que él presidente puede violentar con el llamado del día cívico”, sostuvo.
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El dirigente político afirmó que el mandatario debe “recurrir a la exigencia de emitir un decreto, para que los empleados públicos que él ha nombrado pueda respaldarlo y marchar con sus familias en la convocatoria”, medida que debería caerse si así lo determinan los jueces.
En caso de demandarse, muy seguramente el fallo no alcanzaría a emitirse antes de este martes, pero sí podría sentar un precedente de cara a futuras declaraciones de días cívicos por parte del Gobierno.
