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El presidente Iván Duque no solo presentó seis objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, también anunció que promoverá una reforma constitucional en el Congreso para introducirle cambios a esa entidad.
El Gobierno presentará un acto legislativo para excluir de la JEP los delitos sexuales contra menores de edad, para que los reincidentes pierdan todos los beneficios y para que los delitos continuados, es decir, los que se sigan cometiendo después de la firma del acuerdo, queden en manos de la Justicia Ordinaria.
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Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si una iniciativa de esta naturaleza tendría acogida o no en el Congreso de la República.
El senador del Partido de la U Armando Benedetti advierte que ese proyecto no es viable debido al blindaje jurídico que tiene el acuerdo de paz.
“Las tres reformas constitucionales que quiere impulsar el presidente Duque no se podrían hacer porque ya hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que no se podrá tocar ese acto legislativo que permitió la firma de la paz, sino hasta después de tres periodos presidenciales. Algunos podrían dudar si se puede o no modificar esa reforma, pero quien dirime eso es la Corte Constitucional”, señaló.
Sin embargo, otros sectores cercanos al Gobierno afirman que la iniciativa del presidente Duque podría unir a muchos sectores que consideran que la JEP, tal y cómo está, no puede seguir funcionando.
El senador conservador Juan Diego Gómez, quien es autor de un proyecto para excluir de la JEP a los violadores de niños, dice qué hay conductas que jamás pueden ser relacionadas con el conflicto armado.
“Me parece muy importante que el Gobierno se haya puesto esa camiseta porque creemos que nada tienen que ver los delitos sexuales contra menores y adolescentes con delitos políticos. Encontraremos entonces más respaldo a ese acto legislativo que plantea un artículo nuevo a la Constitución evitando que se cree la impunidad en ese aspecto”, indica.
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El Centro Democrático respaldará la propuesta del presidente Iván Duque. La senadora María del Rosario Guerra dijo que este proyecto responde a lo que expresaron los colombianos en las urnas al votar el plebiscito por la paz.
“Es muy buena la propuesta del presidente de un acto legislativo que busque que los violadores y reincidentes pierdan los beneficios y se sometan a la jurisdicción ordinaria. Creo que la decisión del presidente es ponderada, que responde al querer cuando votamos NO al plebiscito y es una decisión que ayudará a que el Congreso de la República revise la ley”, indican.
Sectores de oposición e independientes están diseñando una estrategia para evitar que reforma a la Jurisdicción Especial de Paz, anunciada por el Gobierno, sea aprobada en el Congreso.
