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En un documento remitido a la Procuraduría, Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, le solicitó archivar el proceso que se adelanta en su contra. Su defensa argumenta que el Ministerio Público no tiene facultades para investigar y sancionar a servidores de elección popular.
Asimismo, indicó que no se ha demostrado el origen ilícito de los fondos que obtuvo el exfuncionario. Petro Burgos enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras las denuncias hechas por Day Vásquez, su exesposa, quien lo señaló de haber recibido dineros, presuntamente, ilegales para la campaña presidencial de su padre, el actual presidente de la República, recursos que no habrían llegado a su destino.
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, aseguró que en uno o dos meses finalizarían las pesquisas que adelanta, las cuales iniciaron en marzo del año anterior, ya que falta recolectar una serie de pruebas.
Al inicio del proceso, la entidad exigió la práctica de evidencias documentales y testimoniales, para establecer la ocurrencia de conductas al parecer, irregulares, para determinar si constituían faltas disciplinarias y el posible perjuicio causado.
El 14 de marzo de este año, el hijo mayor del jefe de Estado fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el tribunal superior de Barranquilla, para entregar testimonio por la posible financiación irregular de la campaña electoral.
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Finalizada la diligencia, Petro Burgos, aseveró que presentó los verdaderos hechos referentes a la campaña. De acuerdo con él, fue presionado para declarar en contra de su padre.
"Tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado, en el que continuamente me preguntaban por él, sin tener competencia para ello; quienes rodearon mi detención arbitraria, sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. Allí entendí que se trata más de un tema político que jurídico", expresó el exdiputado atlanticense en un video difundido en redes sociales.
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No obstante, el órgano legislativo expresó que estudiará la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente.
