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En medio de la polémica que se ha generado en el país por cuenta de las funciones que ha desempeñado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos años, desde el Gobierno se mostraron a favor de que no se prorrogue la vigencia de esa entidad.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que la JEP ya cumplió su ciclo y es hora de que culmine la labor que le otorgó el proceso de paz que se firmó con las Farc.
“A mí me parece que las instituciones cumplen un ciclo y la JEP ha cumplido un ciclo, ha producido determinados resultados y yo creo que no tiene una función eterna, es una jurisdicción transitoria, diseñada para cerrar un ciclo de violencia y estoy de acuerdo que eso ya cumplió su ciclo y ya es hora de que termine”, indicó.
Así las cosas, desde el Gobierno se respaldaría la propuesta que ha surgido en el Congreso para que la Justicia Especial de Paz termine su labor en el 2028 y no se prorrogue por otros cinco años, como lo establece el acto legislativo que le dio vida.
“La justicia transicional es para cerrar un capítulo en la historia de las naciones, no es una jurisdicción que esté para quedarse hacia el futuro como las demás”, indicó.
Santos pidió no prorrogar la JEP
La declaración de Lara se produce luego de que el propio expresidente Juan Manuel Santos, quien fue el artífice del proceso de paz, se mostrara en contra de una prórroga de la vigencia de la JEP.
Para Santos, dicha jurisdicción debe cumplir “su cometido en el 2028 y ojalá antes”, por lo que le dio la razón a aquellos que cuestionan a dicha entidad por la lentitud con la que han avanzando los procesos contra los actores del conflicto, tanto exguerrilleros, como agentes del Estado.
Preocupación por el presupuesto
Durante el trámite del Presupuesto General de la Nación del 2027, las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron una reducción considerable de 170.000 millones de pesos de los recursos destinados para la JEP, lo cual ha generado preocupación entre los magistrados de dicha jurisdicción y también en el expresidente Santos.
“Si se le recorta el presupuesto o si se deja sin recursos para operar, ahí los que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, así sea temporal para que esa implementación se pueda acelerar”, indicó.
El senador Enrique Gómez radicó una reforma constitucional con la cual se pretende acabar el funcionamiento de la JEP en marzo del 2028 y en el que propone que toda la función de juzgamiento de los comparecientes, quede en manos de la justicia ordinaria durante los próximos cinco años.
