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El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó en el Congreso de la República detalles de la Ley de Sometimiento que presentarán en los próximos días para las organizaciones criminales que están operando en el país.
Dijo que se trata de una iniciativa que los dotará de las herramientas jurídicas necesarias para garantizar el desmonte de estas estructuras de alto impacto.
Explicó que la ley contempla algunos beneficios como rebaja de pena de entre el 30% y el 50%, pero sin diálogos, sin estatus político y sin cárceles especiales.
“Para las personas que tengan mando la rebaja será del 30% y para los demás del 50% y hay algunas circunstancia que van a jugar para mejorar o no, pero siempre dependiendo del aporte y el cumplimiento de las condiciones de entrega”, indicó.
“No hay suspensión de órdenes de captura, ni de extradiciones y las personas que ya estén capturadas tampoco van a hacer parte de la ley de sometimiento”, añadió.
Según el ministro, las víctimas también tendrán un papel fundamental en el marco de la construcción de esta nueva ley y reiteró que no habrá beneficios especiales para absolutamente nadie.
“Cero estatus político, no hay especio para negociaciones, es un tema jurídico, no político. No habrá cárceles especiales, sí puede haber establecimientos productivos; la víctima será el eje, puede tomarse decisiones de fondo para beneficios, para libertades condicionales”, dijo.
Dijo que la ley también impone una serie de requisitos para los integrantes de estos grupos que quieran someterse a la justicia, entregar las armas y acogerse a las sanciones establecidas en dicha norma.
“Para poder someterse a la ley tienen que hacer un aporte de verdad, justicia, reaparición, desmovilización, rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas o secuestradas y deben dar aportes sobre corrupción que haya efectuado y sobre vínculos políticos, si no hay ese aporte, también será difícil someterse a la ley y a los beneficios”, explicó.
Por ahora se están ultimando los detalles de la ley de sometimiento, que tendrán que ser avalados por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.
