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La crisis financiera del sistema de salud en Colombia volvió a encender las alarmas tras el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que revela una deuda de las EPS con hospitales y clínicas que supera los 25,7 billones de pesos. La magnitud de la cifra, que incluso sobrepasa los recursos estimados en una reforma tributaria típica, pone en evidencia un desbalance estructural que amenaza la sostenibilidad del modelo.
En entrevista con La FM, el director del gremio, Juan Carlos Giraldo, advirtió que el problema no solo es histórico, sino que se ha agravado en los últimos años. “Estamos hablando de cifras macroeconómicas… este es un tema agobiante y tiene que estar en la primera página de cualquier gobierno”, señaló, al subrayar la urgencia de atender tanto la coyuntura inmediata como las fallas estructurales del sistema.
Medidas urgentes para evitar un colapso
El diagnóstico del dirigente gremial es claro: la prioridad debe centrarse en las EPS intervenidas, donde se concentra la mayor parte de la deuda. De los cerca de 18 billones que adeudan las EPS activas, 12,6 billones corresponden a estas entidades bajo control del Gobierno. “Si usted quiere intervenir el paciente, empieza por la cuestión más grave”, explicó Giraldo, al referirse a la necesidad de focalizar las soluciones.
Entre las acciones inmediatas, el directivo propone ampliar el giro directo, desinvertir reservas técnicas y, especialmente, avanzar en la capitalización de las EPS. “Hay que arrancar ya con la capitalización… no solo el Estado, los dueños también tienen que ayudar”, enfatizó. Según su análisis, las intervenciones han fracasado históricamente por carecer de recursos adicionales que permitan estabilizar a las entidades.
El crecimiento de la deuda también responde a un desbalance operativo: mientras la demanda de servicios aumenta y los hospitales continúan prestando atención, los pagos no fluyen al mismo ritmo. En el último corte semestral, la cartera creció en 1,7 billones de pesos, con un agravante significativo: el 58% corresponde a cartera morosa.
Esta situación ha llevado a un escenario crítico en el que, en la práctica, los prestadores financian el sistema. “Usted presta el servicio hoy… y se puede demorar 7 u 8 meses para que le paguen”, explicó Giraldo. En sus palabras, los hospitales y clínicas están “haciendo casi las veces del que está dando el crédito en el inmediato plazo al sistema”, una carga que calificó como insostenible en el largo plazo.
Problemas estructurales y riesgos del modelo
Más allá de las medidas de choque, el director de la agremiación insistió en que la crisis tiene raíces profundas. Aunque reconoció que el problema no es reciente, advirtió que “sí se ha agudizado en los últimos años y ahora… se ha empeorado”. En este contexto, defendió la legitimidad del reclamo del sector prestador: “Nosotros atendimos… y no nos han pagado. Ayúdenos”.
Uno de los factores estructurales señalados es la integración vertical, es decir, la posibilidad de que las EPS contraten servicios con sus propias redes. Para Giraldo, esto genera un conflicto de interés que afecta la distribución de recursos. “La integración vertical es un conflicto de intereses tremendo… eso hace que a la red independiente no le llegue todo el dinero”, afirmó, al advertir fallas en el control de los límites establecidos por la normativa.
El debate también se extiende a posibles fusiones entre EPS, como el caso de Nueva EPS y Famisanar. Aunque desde el punto de vista financiero podría representar una oportunidad de capitalización, Giraldo alertó sobre los riesgos en la prestación del servicio. “El tema no es solamente de la plata… es la capacidad de aseguramiento real que va a tener esa entidad”, sostuvo.
El eventual conglomerado concentraría más de 14 millones de afiliados, lo que implicaría rediseñar completamente la red de atención para garantizar acceso, continuidad y calidad. En un sistema ya tensionado, esta magnitud plantea interrogantes sobre la viabilidad operativa.
El panorama, en suma, exige decisiones urgentes y de fondo. Para el líder gremial, el llamado es claro: el Estado debe asumir un compromiso decidido para estabilizar el sistema y evitar un deterioro mayor. De lo contrario, la acumulación de deudas podría desembocar en un colapso que afecte directamente la prestación de servicios de salud en el país.
