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Crece la preocupación en la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) por el recorte de 170.000 millones de pesos que quedó aprobado en el presupuesto del año entrante para esa entidad.
En la más reciente sesión de las Comisiones Económicas, el magistrado Raúl Gómez advirtió que podrían entrar en quiebra, porque no tendrían para financiar varias de las responsabilidades que tienen.
“Sería la primera vez en la historia en que una entidad pública es sometida a la quiebra. Se dejarían de hacer audiencias en los territorios, se dejaría de prestar seguridad a las víctimas, se dejaría de garantizar la seguridad jurídica a los diferentes comparecientes ante la JEP. Las sentencias que sacaríamos y seguimos sacando implicarían prácticamente que no surtirían ningún efecto en la práctica”, indicó.
Además, asegura que podrían convertirse en una jurisdicción virtual, porque no podrían pagar el arriendo del edificio. “No tendríamos ni siquiera para pagar el edificio donde nos encontramos actualmente. Y esto hay que ser muy claros, nos tocaría convertirnos en una especie de jurisdicción virtual, algo nunca visto en la historia judicial de Colombia”.
Por su parte, durante un encuentro con miembros del Congreso de la República y víctimas, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió que esta decisión es muy grave y prácticamente los deja sin cómo operar de aquí en adelante.
“Nosotros somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero también ya en la propuesta inicial nos habían hecho una reducción y con la disminución de 170.000 millones que aprobaron ayer, realmente nos dejan inoperantes”, dijo.
Ramelli le hizo una invitación al Gobierno y al Congreso para que se sienten a dialogar para encontrar una solución. “Yo quiero ser muy claro: yo invito al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a que reflexionemos, nosotros siempre hemos sido una jurisdicción abierta al diálogo, al escrutinio, nosotros podemos dar explicación de todo lo que ustedes nos quieran pedir y tienen todo el derecho porque somos funcionarios públicos pero yo si quiero insistir que este no es un debate que lo están llevando a donde no es, este debate lo están llevando a unos temas administrativos a unos temas incluso personales”, afirmó.
Acabar la JEP en el 2028
A su turno, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento y Verdad, advirtió que si la JEP se acaba en 2028, tal y como lo propone la reforma radicada por el senador Enrique Gómez, la tarea se quedaría “por la mitad del camino” y se afectarían los juicios adversariales contra miembros de la Fuerza Pública que no han aceptado responsabilidad.
“El 90% de los miembros de la Fuerza Pública han tenido la entereza de decir sí, es cierto, lo que la JEP dice es verdad, y por eso reconozco mi responsabilidad. ¿Y en qué estamos ahora, después de esos ocho años? Estas personas deben cumplir las sanciones que se les han impuesto. (…) Pero hay otros máximos responsables que han dicho soy inocente y merecen su juicio adversarial, entonces yo diría que debemos mantener esa valentía ese coraje, esa decisión y no dejar la tarea a la mitad del camino”, dijo.
Apretarse el cinturón
No obstante, algunos dirigentes políticos como el senador Carlos Meisel, que es coordinador ponente del Presupuesto, aseguró que la Jurisdicción Especial de Paz tendrá que apretarse el cinturón porque se trata de una medida de austeridad. “Que se reajusten, que se acomoden, como le toca a todo el mundo cuando se amarra el cinturón”, dijo.
No obstante, el presupuesto ahora deberá enfrentarse a las plenarias de Senado y Cámara en donde tendrá que dársele aprobación final en el Congreso de la República.
