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Los congresistas que empezarán a legislar a partir de este 20 de julio asumen sus funciones en un momento histórico para el país, por la presencia en ese recinto de diez integrantes del partido político de la Farc.
También, por los retos que tendrán que afrontar para sacar adelante los compromisos del Estado tras la firma de los Acuerdos de Paz, a través de reformas económicas, políticas y de justicia para garantizar la verdad y la reparación y enfrentar la criminalidad y la inestabilidad social que padece el país.
Así se desprende del análisis de varios dirigentes políticos y politólogos consultados por LA FM, sobre la tarea que los miembros del legislativo tendrán que estudiar y aprobar para dar cumplimiento a los pactos que permitieron la dejación de las armas y la desaparición de la guerrilla de las Farc y su reincorporación a la vida civil y política de cerca de 14 mil combatientes.
Además de la reivindicación de las comunidades en los territorios en los cuales se desarrolló el conflicto armado con mayor intensidad.
El senador Roy Barreras, uno de los negociadores del acuerdo con las Farc, dijo que hay tres temas fundamentales que debe priorizar el legislativo. El primero, los derechos de las víctimas y las curules que quedaron pendientes para ellas.
“El Congreso tiene ausencia de las voces de las víctimas, sería un gesto importante para su reivindicación”, dijo.
Segundo, la Reforma Política, como una condición de los Acuerdos de Paz: “Para que la política sea distinta y limpia, hay un sistema clientelar perverso y corrupto hijo de las listas abiertas y de la ausencia de una autoridad electoral competente que hay que cambiar”.
Según Barreras, la verdadera medida contra la corrupción es la Reforma Política que cierre las listas y evite la compra y venta de votos. “Esa democracia más legítima existirá si el Gobierno presenta al Congreso, y entiendo que tiene esa voluntad, la Reforma Política”, dijo.
Como tercer punto esencial para ser estudiado en la próxima legislatura, está la Reforma Rural Integral, la disputa de la tierra factor de violencia.
“Es una noticia buena que la Corte Constitucional declaró exequible el decreto legislativo que da avances en materia de Desarrollo Rural Integral y formalización de la propiedad de los pequeños campesinos que no tenían título. Falta el Catastro Multipropósito y la garantía que haya inversión real en el campo para que sea rentable”, puntualizó el congresista del partido de ‘la U’.
Otro asunto que deberán asumir los legisladores que se posesionan el 20 de julio es, según Barreras, consolidar el Sistema de Justicia Transicional y de la Comisión de la Verdad y despejar el limbo jurídico que quedó pendiente con la Ley Estatutaria de la JEP que dio un plazo de 18 meses para crear un Tribunal Militar Especial.
“Es un boquete que quedó con la proposición del Centro Democrático. La JEP está bien concebida, es la mejor solución para los militares porque fue construida con el Ministerio de Defensa y los militares para no ser víctimas de los falsos testigos y tener todas las garantías procesales, lo que encuentran mejor que en la justicia penal ordinaria”, explicó.
Sin embargo, para Roy Barreras, más allá de la agenda legislativa, está la responsabilidad del Estado de llegar a los territorios en los cuales las bandas criminales están ocupando los espacios dejados por las Farc.
“Copar el territorio contra las bandas criminales y la seguridad ciudadana son los más grandes retos, en mi opinión, en materia de seguridad en este cuatrienio”, insistió.
La reforma pensional
Para el politólogo Juan Carlos Ruiz, uno de los temas espinosos que deberá enfrentar el Congreso es la reforma pensional.
“Estamos en una bomba pensional que va a estallar en las manos en el 2023, porque los gobiernos de Uribe y Santos no hicieron modificaciones sustanciales para prever en el Presupuesto General de la Nación, como en el PIB, el pago de pensiones para la década del 2020 en adelante”, explicó.
Señaló se necesita también una reforma del sector de seguridad y defensa: “Porque no son las fuerzas militares la que están haciendo mal su trabajo, es no es el punto. Hay que discutir temas sensibles de fuerzas militares y de policía con proyectos que tendrán que pasar por el Congreso”.
En cuanto a la implementación de los acuerdos de paz, Ruiz indicó que se prometieron cosas en La Habana que son difíciles de cumplir. Dijo que es un contrasentido que haya congresistas que estén pasando por la JEP, como son los miembros de la antigua Farc.
“Un proceso de paz que no ha acabado, no se sabe para donde va. No hay inversiones sustanciales en las regiones de violencia donde estuvieron asentadas las Farc”, puntualizó.
Ruiz recalcó que hay temas muy álgidos para el Congreso que va a comenzar a sesionar como la seguridad. “Hay una remontada de bandas criminales de todos los pelambres en todos el país en el sector rural y urbano que muestra una debilidad enorme del Estado que no fue prevista en La Habana”, indicó.
Expectativas del partido de la Farc
‘Marcos Calarcá’, nombre de guerra de Luis Alberto Albán Urbano, es uno de los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), que asumirá como Representante a la Cámara de ese movimiento.
En diálogo con LA FM indicó que entre los proyectos que apoyarán y presentarán en el Congreso están principalmente aquellos que signifiquen mejorar las condiciones de vida de los colombianos, sobre tres ejes: la implementación de los acuerdos de paz, la lucha por la vida y la lucha contra la corrupción.
“El reto de la transformación del país en todos los sentidos, lo que implica la construcción de paz. No es posible que en un país que está construyendo paz sigan asesinando a la gente y eso se quede impune”, acotó Albán.
Añadió que también es esencial apoyar los diálogos con el ELN, “porque todo eso implica la elevación del nivel de vida de las mayorías nacionales porque el acuerdo de paz no interesa solo a los guerrilleros, sino que tiene en cuenta el desarrollo integral en todo el país”.
Economía, lucha contra las drogas y relaciones internacionales
Para Enrique Serrano, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, uno de los mayores desafíos del Congreso que se posesiona este 20 de julio es estabilizar el país, relanzar la economía, hacer que las leyes que se discutan estén a la altura de la realidad contemporánea.
“Debe responder al desafío tremendo que supone la droga como una forma de vida que determina la suerte de millones de personas en Colombia. Hacer que el Congreso participe en una especie de rediseño del Estado colombiano a través del cual se normalice, se legalice la actividad pública. Es quizás el reto más grande que las instituciones y la vida republicana han enfrentado en los últimos años y en este caso el Congreso de la República”, enfatiza.
En cuanto a las tareas en política exterior que el legislativo debe atender en el próximo periodo, el profesor observó que el Congreso siempre ha tenido una visión superficial en ese asunto y por primera vez en la actual coyuntura,
Dijo: “Tiene la responsabilidad internacional de reintegrar a Colombia en una condición de un país pacificado y no en la situación en la que se encontraba en los años de conflicto”.
Añadió que debe legislar en paz “y en el desafío que suponen dictaduras en la región, deterioro de la vida republicana, desgaste de instituciones como Unasur y la crisis de la OEA, que deben ser reorientadas para que cumplan sus labores”.
Acotó que la presidencia de Donald Trump requiere de Colombia mantener unas relaciones más cordiales y más coherentes.
“El mundo está agitado y el Congreso colombiano debe amoldarse a las condiciones de ese mundo”, puntualizó Serrano.
Recomendaciones legislativas para implementación de los acuerdos
En el último informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional-CiNEP-CERAC se contemplan varias inquietudes relacionadas con la labor que debe cumplir el Congreso de la República para sacar adelante los compromisos suscritos entre el Gobierno y las Farc.
El primer punto del Acuerdo Final contempla como aspecto de vital importancia para la construcción de un país más equitativo y democrático el uso y la distribución de las tierras y el desarrollo de las zonas más alejadas y retrasadas del país.
“De allí que se estableciera que durante el primer año de implementación se debían desarrollar las leyes y normas de la Reforma Rural Integral e iniciar la implementación de uno de los instrumentos de planificación y gestión del desarrollo rural, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET”, reseña.
Sin embargo en la legislatura que está terminando, indica el informe, “solo una ley, la de innovación agropecuaria, fue aprobada por el Congreso; otras de gran importancia como la del Catastro Multipropósito no surtió todo el trámite legislativo y otras más, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislación vigente en la materia (…) no ha sido aún presentada al Congreso, aunque sus diferentes versiones han generado un amplia polémica en la que se aprecian intereses y posiciones divergentes, dado que el control de la tierra, afecta el poder político, económico y social”.
En el punto sobre Participación Política están pendientes de ser presentada y aprobada la ley de garantías para la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social.
En cuanto a Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, el informe registra el hundimiento de la reforma política y el limbo jurídico en el que actualmente se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz –CTEP-.
“A pesar de esto, en el ambiente político quedó el mensaje de la urgencia de implementar este tipo de reformas en correspondencia con lo acordado, especialmente en lo referido a los órganos encargados de vigilar y sancionar el comportamiento de los legisladores. Este compromiso debería ser parte de las prioridades legislativas del próximo Congreso que se elige en marzo e inicia actividades el 20 de julio de este año”, recomienda el documento.
Conclusiones
Para cumplir con la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc, según los expertos consultados, es necesario que el nuevo Congreso apruebe en el punto de la Reforma Rural Integral, la Ley de Desarrollo Rural y de Tierras, la Ley de Catastro y el acto legislativo de creación de la Jurisdicción Agraria.
En cuanto al segundo punto de la agenda de La Habana, Participación Política, el Gobierno del presidente Iván Duque tendrá que presentar de nuevo la reforma electoral, el proyecto que garantiza las 16 curules o circunscripciones especiales para las víctimas y campesinos.
Sobre el cuarto punto, la lucha contra las drogas lícitas, los legisladores tendrán que estudiar el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para cultivadores, como las mujeres cocaleras, y una ley para mejorar los procedimientos contra el lavado de activos.
