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Este domingo los colombianos salen a las urnas a votar la consulta anticorrupción, promovida por la exsenadora Claudia López y la congresista Angélica Lozano, la cual busca castigar a los funcionarios corruptos y a quienes quieran seguir robando los recursos públicos.
Este día será histórico. La gran apuesta es lograr superar la abstención electoral y lograr el umbral requerido para avalar la consulta, es decir 12 millones de votos, que si se logran se pasaría a contar los votos por el Sí de cada pregunta que deben superar los 6 millones.
El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, explicó en diálogo con RCN Radio que para contar los votos del umbral de participación vale cualquier tarjeta depositada, no marcada o nula.
“El simple depósito de la tarjeta en la urna vale para efectos del umbral de participación pero para efectos de la aprobación de la Consulta se aplica sobre votos válidos, la mitad más uno tiene que ser por el Sí”, afirmó.
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En esta jornada electoral no se entregará certificado electoral y por ende no habrá medio día compensatorio como en las elecciones de Presidente y de Congreso.
“En los casos de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994, no se conceden los estímulos a los sufragantes, ya que en estos casos la abstención es una forma de participación política que incide en el resultado de la jornada democrática”, señaló la Registraduría.
¿Qué propone?
La consulta anticorrupción contiene siete preguntas que van desde el recorte de salarios de altos funcionarios, incluidos congresistas, hasta la eliminación del beneficio de casa de condenados, así como el embargo de sus bienes.
Un congresista recibe actualmente un promedio de $30 millones por mes y la rebaja sería del 37%, es decir aproximadamente $13 millones.
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La iniciativa también restringe el derecho a la reelección de cargos de votación popular (salvo la de presidente, que ya fue derogada) y obliga a los parlamentarios a transparentar sus actuaciones.
Ahora estos cargos "tienen reelección indefinida, no rinden cuentas, tienen el monopolio del manejo del presupuesto público sin ningún tipo de audiencia pública con la ciudadanía", aseguró Claudia López.
En caso de ser aprobada, la consulta también prohibiría - según la dirigente - que una empresa condenada "vuelva a contratar con el Estado".
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Los cálculos "más conservadores" estiman que Colombia perdió el 4% del PIB por corrupción entre 1991 y 2011, un promedio de nueve billones de pesos por año, según el estudio de la Universidad Externado.
En el Índice de Percepción de la Corrupción - que publica cada año la ONG Transparencia Internacional -, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, siendo el primero el más limpio. En el último año y medio la fiscalía ha procesado a unas 2.200 personas por casos de corrupción en gobiernos locales.
También se busca impedir "que los recursos públicos se gasten (...) mediante acuerdos ocultos entre gobiernos y congresistas, a los que se les otorga el derecho ilegal de decidir el gasto público (...) en asocio con alcaldes que deben pagarles con votos", destaca el senador de izquierda Jorge Robledo, otro defensor de la propuesta.
¿A qué se enfrenta?
Para su aprobación, la iniciativa deberá reunir 12,1 millones de votos (la tercera parte del censo electoral) en un país donde el sufragio no es obligatorio y la abstención ronda el 50%. En 2016 un plebiscito, en apariencia popular como la consulta del domingo, fue rechazado por estrecho margen.
Entonces, los colombianos se expresaron en contra del acuerdo de paz para acabar con medio siglo de conflicto con la exguerrilla Farc, lo que obligó al gobierno de la época a hacer ajustes para sacar adelante su implementación.
Una vez alcanzando el umbral, cada pregunta de la consulta requiere unos seis millones de apoyos para convertirse en mandato. Una encuesta de la firma Datexco anticipa esta vez una alta participación electoral.
Si bien cuenta con el respaldo del flamante mandatario Iván Duque, la propuesta enfrenta el escepticismo de algunos expertos y las reservas del partido en el poder, empezando por las de su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien prefiere apoyar los proyectos anticorrupción de su bancada.
Incluso Francisco Bernate, abogado y académico de la Universidad del Rosario, advierte sobre algunos vicios legales y cree que "casi todo lo que establece la consulta, ya existe" en la ley, y que el problema no es la falta de normas, sino de recursos para que la justicia las haga cumplir, según dijo a la AFP.
Sin embargo, el senador Robledo aclara que "aunque hay normas que parecen iguales" a las propuestas, fueron "redactadas con maña para que no obliguen y sin los dientes necesarios para ser útiles".
