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Mediante un documento oficial radicado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, congresistas y líderes comunales, solicitaron la libertad inmediata de las personas que fueron designadas por el presidente Gustavo Petro como voceros de paz.
Además cuestionaron la demora de los trámites que han impedido su liberación y la presión que ha ejercido la Procuraduría sobre estos procesos.
Los firmantes cuestionan que en el mes de octubre compartieron con el Gobierno un documentos en el cual estaban más de 200 personas recluidas en centros penitenciarios, debido a su participación en las protestas, y que, a pesar de la insistencia, solo dos personas han sido dejadas en libertad.
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Además, se solicita en la Procuraduría que no se obstaculice los procesos legales para que se dé la libertad de los voceros de paz, miembros de la 'Primera Línea' que fueron seleccionados por el Gobierno Nacional, y para quienes han ejercido presión y persecución, afirman los firmantes del documento.
"Se trata de una persecución política, por parte de la Fiscalía, por lo que pedimos que el Estado Colombiano haga cumplir las recomendaciones dadas por los organismos internacionales”, así se evidencia en el documento.
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Simultáneo a ello, le pidieron al presidente Petro que antes de que se termine el año 2022 se cumpla con la designación de las vocerías de paz restantes, que se ponga en libertad a quienes ya fueron designados y se continúe con el proceso de seleccionados con más jóvenes como voceros de paz.
Cabe destacar que, la Procuraduría General de la Nación denunció penalmente a la juez Lilyan Jhoana Bastidas, quien firmó la libertad de los dos únicos voceros de paz que están libres hasta el momento.
Esta denuncia es presuntamente por su responsabilidad al incurrir en el delito de prevaricato por acción, y la entidad considera que la funcionaria no tenía la competencia para tomar esa determinación.
