Iniciativas anticorrupción no se discutieron en el Congreso, denuncia el secretario de Transparencia

El pasado 20 de junio finalizó la tercera legislatura del Congreso de la República, en la que las grandes protagonistas fueron las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esto hizo que otras iniciativas de interés nacional quedaran ‘engavetadas’ y se hundieran por falta de trámite, varias de ellas relacionadas con la lucha contra la corrupción.

Así lo denunció el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, quien aseguró que por lo menos tres proyectos en este sentido no prosperaron.

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“Estamos hablando de cómo, en la aprobación del presupuesto bianual de regalías, por iniciativa de algunos congresistas, se vino abajo una propuesta que buscaba impedir que los famosos ‘contrataderos’, mecanismos legales que se han prestado para el desvío de recursos públicos, fueran utilizados en la contratación con recursos de regalías”, afirmó el funcionario en La FM de RCN Radio.

Idárraga también informó que se hundió, por falta de tiempo, el proyecto de ley que buscaba proteger a los denunciantes de corrupción. Aunque la iniciativa superó sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes, no logró avanzar en el Senado.

“Nos ha dolido, en la Secretaría de Transparencia, el proyecto de ley de protección a los denunciantes de corrupción. También se cayó por falta de trámite. Pensábamos que lo íbamos a lograr, pero, desafortunadamente, tengo que decirlo: debido a la ausencia de congresistas de Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Centro Democrático, nunca hubo mayorías en los últimos meses en la Comisión Primera del Senado para avanzar con esa discusión. Por lo tanto, el proyecto deberá volver a presentarse”, explicó.

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La tercera iniciativa que naufragó en el Legislativo buscaba ofrecer a los ciudadanos mayor transparencia sobre quiénes están detrás de las empresas que contratan o subcontratan con el Estado.

“Es una medida que venimos impulsando desde que llegamos al gobierno: tener una base de datos pública para que, por ejemplo, cualquier ciudadano, especialmente los funcionarios públicos, pueda informar, sin velos corporativos ni restricciones, si es o no beneficiario final de un contrato con el Estado”, sostuvo Idárraga.

El secretario anunció que estas y otras iniciativas con fines similares serán nuevamente presentadas al Congreso el próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura.