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Tras haber terminado su trámite en el Congreso de la República y luego de hacer la respectiva unificación del texto aprobado en el Senado y la Cámara, la Ley de Sometimiento fue enviada a sanción presidencial.
Los presidentes de Senado, Honorio Henríquez y de la Cámara, Nicolás Barguil, así como los secretarios de las dos corporaciones, firmaron el texto de la norma y la misma fue enviada al Palacio de Nariño.
Tras recibir el texto completo, el presidente Abelardo De La Espriella tendrá que sancionar la ley y ponerle su firma, para que la misma pueda entrar en vigencia a partir de este 05 de noviembre.
“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes para que pase a sanción presidencial. Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, dijo Barguil.
ABC de la Ley de Sometimiento
- Contempla el desmonte de la denominada política de ‘paz total’, pero establece algunos beneficios para los integrantes de las organizaciones armadas que decidan entregarse a la justicia, como un tratamiento penal diferenciado que incluye reducción de las penas de hasta el 50% para los miembros rasos de estas estructuras y de máximo el 30% para quienes hayan tenido mando dentro de las mismas.
- Los reclutadores de menores de 14 años no obtendrán beneficios con la ley, y tendrían que pagar una condena mínima de 10 años de cárcel. No obstante, aquellos que hayan incurrido en reclutamiento de menores entre los 14 y 18 años, sí podrían acceder a algunas rebajas entre el 10% y el 30% de la sanción.
- Los testaferros, o llamados terceros, tendrían que pagar una pena mínima de 6 años, bajo la condición de que entreguen todos los bienes ilegales que se encuentren en su poder.
- Se acaba la negociación del Estado con grupos armados y se establece que no habrá ningún tipo de otorgamiento de estatus político a estas organizaciones criminales.
- Bajo ninguna circunstancia se podrá conceder la suspensión de las órdenes de captura o las órdenes de extradición para los miembros de las grupos que estén en proceso de desmovilización.
- Se deja claro que todos los criminales que se acojan a la Ley de Sometimiento, tendrán que pagar una pena mínima de 10 años de prisión, que podría ser en granjas agrícolas o lugares especiales de reclusión definidos por el Inpec.
Una vez sea sancionada la Ley de Sometimiento, la misma tendrá una vigencia de cuatro años, lo que le permitiría al próximo Gobierno diseñar su política criminal y de paz, en relación con los grupos armados ilegales.
