Ley de sometimiento: narcos se pueden quedar con el 6% de la fortuna

Además, quienes se sometan a la justicia pagarían entre 6 y 8 años de cárcel.
Disidencias de las Farc, referencial
Las disidencias de las Farc. Crédito: Colprensa

El miércoles 15 de febrero el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de los detalles del proyecto de ley de sometimiento, con el que se busca adelantar un posible proceso de paz con las bandas criminales.

Con esta iniciativa, los integrantes de las bandas criminales que se quieran someter a la justicia, tendrán un beneficio de quedarse con el 6 % de sus bienes que entregaron para reparar a las víctimas.

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“En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas. En la presentación del escrito para la imputación colectiva por parte del fiscal delegado, el juez señalará la fecha en que deberá hacerse la entrega material de los bienes identificados en el inventario. El juez de conocimiento reconocerá el beneficio patrimonial en el contenido de la sentencia colectiva, según sea el caso, y declarará el comiso correspondiente”, dice el proyecto.

Además, el documento dice que “los bienes objeto del beneficio patrimonial no podrán ser objeto de comiso o acción de extinción de dominio con posterioridad a la sentencia en firme a menos que se demuestre que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción a la justicia. En todo caso, el comiso o la acción de extinción de dominio procederá contra los bienes que no hayan sido declarados en el inventario o respecto de los que por cualquier circunstancia no hubiere sido posible la entrega jurídica o material”.

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¿Cuáles son los requisitos?

Las personas de las bandas criminales que se quieran someter a este beneficio deberán suspender las actividades delictivas; entregar las armas, secuestrados, menores reclutados, inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal; y la entrega de información sobre los colaboradores y las actividades ilícitas.


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