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En el Senado de la República avanza el trámite de un proyecto de ley encaminado a proteger los derechos de una mujer o de un hombre que resulte ser inocente en medio de un proceso de divorcio.
La iniciativa contempla que el cónyuge culpable deberá entregarle parte de su pensión a su expareja, cuando ésta se haya dedicado por 20 años o más al cuidado del hogar, sin haber trabajado, ni cotizado a seguridad social.
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Según el expresidente Álvaro Uribe, autor de la propuesta, el juez deberá decidir el porcentaje de esa pensión que le correspondería a la persona que resulte inocente.
“El juez tiene que decir, al momento de declarar el divorcio, si el culpable es él o ella, y si la persona inocente tiene condiciones de vulnerabilidad, antes la pensión los apoyaba a ambos, pero por el hecho de que se divorcien no se puede dejar de apoyar con un porcentaje de esa pensión al cónyuge inocente”, indicó.
El exmandatario explicó que esta medida también podría extenderse a la unión marital de hecho, o cuando se adelante un divorcio consentido en el que un miembro de la pareja esté en condiciones de pobreza.
Expertos y académicos que asistieron a la audiencia respaldaron la propuesta. La abogada Catalina Cardozo, docente de la universidad Autónoma Latinoamericana, dijo que es “una medida absolutamente justa porque si una persona quiere su libertad lo puede hacer, pero a la pareja no la puede dejar en una condición de pobreza absoluta y dependiendo de la solidaridad y de otros entornos”.
Mujeres que han sido víctimas de esta situación también apoyan el proyecto. Una de ellas, Beatriz Rico, cuenta lo difícil que ha sido para ella luego de separarse de su esposo.
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“Es muy difícil esta situación. Hace algunos años no era tan juicioso el tema de los independientes de estar afiliados al sistema de seguridad social y de salud y hoy no tengo pensión, tengo 57 años y no tengo apoyo de mi ex esposo”, manifestó.
Según el senador Álvaro Uribe, dependiendo de la forma como lo tase el juez, la persona que resulte inocente podría quedarse hasta con el 50% de la pensión del culpable.
“Se puede acumular cuando el ingreso de ese cónyuge que reclame ese beneficio no sea superior al ingreso monetario que se requiere para que la persona esté por encima de la línea de pobreza, creo que eso está aproximadamente en 256.000 pesos al mes”, explicó.
El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, continúa su trámite en la plenaria y ha recibido un espaldarazo de parte del Gobierno Nacional a través de Colpensiones.
