Katherine Miranda advierte presunta falsedad en documento público por parte del presidente de la Cámara

Este viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, le confirmó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que las dos actas de las sesiones extraordinarias en las que se tramitó la reforma pensional, fueron aprobadas por la corporación, en ese momento presidida por Jaime Raúl Salamanca.

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De acuerdo con la respuesta del representante, tanto el acta 257 del 28 de junio de 2025, como el acta 256 del 27 de junio de 2025, fueron aprobadas el 26 de agosto de 2025. La polémica se genera por cuenta de un presunto vicio de trámite que se habría dado con el acta 256, día en el que se anunció el proyecto, pero no se aprobó el orden del día, pues no se alcanzó el quórum decisorio en la corporación. 

Según el documento, ese día asistieron 176 de los 186 representantes que integran la Cámara, y mientras el acta 257 recibió 106 votos por el SÍ y un voto por el NO, para un total de 107 representantes participantes, el acta 256 recibió 97 constancias de no votación, lo que dejó a 79 parlamentarios para votar, con un resultado final de 72 por el SÍ, 4 por el NO. 

"En consecuencia el Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria N° 256 de junio 27 de 2025, la cual se llevó a cabo con quórum delibetarori, se encuentra APROBADA", señala el documento.

Esta situación fue cuestionada por la representante Katherine Miranda, quien aseguró que la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional carece de validez. "Allí se afirma que el 26 de agosto la reforma aprobada con 76 votos, cifra que no constituye de ninguna manera por un decisorio. Lo más grave, es que esa misma votación, con prácticamente los mismos resultados, ya se haya repetido el 30 de julio, el 5 de agosto y el 20 de agosto. Si realmente tuviera validez la votación del 26 de agosto, ¿por qué entonces se puso a consideración en cuatro oportunidades con idénticos resultados?".

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Hecho frente al cual la parlamentaria advirtió que esto "evidencia un claro vicio de procedimiento y más breve aún, el documento final enviado por el presidente de la Cámara, a la Corte Constitucional, posiblemente constituye un delito de falsedad en documento público y abre la puerta a sanciones disciplinarias".

Ahora el futuro de la reforma pensional queda en manos de la Corte Constitucional, que será la encargada de determinar si se subsanaron o no, los vicios de procedimiento advertidos en su momento por el alto tribunal.