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El pasado sábado, un grupo de investigadores de la Fiscalía General recibieron la declaración de la jueza 30 de control de garantías de Bogotá tras conocerse la existencia de mensajes amenazantes en su contra.
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La funcionaria judicial, según se pudo establecer, presentó los mensajes que ha recibido recientemente en sus redes sociales en los cuales se le cuestiona por haber ordenado la libertad del exsenador Álvaro Uribe Vélez el pasado 10 de octubre.
Sin embargo, la jueza de control de garantías desistió de presentar una denuncia formal ante el ente investigador al considerar que dichos mensajes no podían catalogarse como una amenaza o una intimidación en contra de su vida e integridad personal.
El diario El Espectador reveló que la jueza les manifestó a los investigadores que está analizando las acciones judiciales que interpondrá ante estos mensajes. La denuncia podría tener más relación con los delitos de injuria y calumnia que con los de amenaza.
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La Unidad Nacional de Protección (UNP), que conoció la situación de la funcionaria judicial la semana pasada, le otorgó un sistema de seguridad para garantizar su protección.
Mientras tanto, el grupo de delitos cibernéticos de la Dijín de la Policía Nacional adelanta la recolección de pruebas para identificar las direcciones IP desde las cuales se enviaron los mensajes a la funcionaria judicial.
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En la audiencia celebrada el pasado 10 de octubre, la jueza determinó que se debía dejar en libertad al exsenador Uribe debido a que la medida de aseguramiento emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no era compatible con el estado del proceso en la ley 906 (nuevo sistema penal acusatorio).
En este sentido señaló que en este sistema penal no se podía hablar de una medida de aseguramiento sin una imputación de cargos.
Por el momento, la Fiscalía General continuará con la investigación en contra del exmandatario y definirá si existen méritos para imputarle cargos por fraude procesal y soborno.
