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La Fiscalía lo imputó en mayo de 2025, lo acusó en febrero de 2026 y la Procuraduría formuló cargos en su contra en agosto del año pasado, pero no está preso. José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS entre 2009 y enero de 2024, salió al paso de los señalamientos del presidente Gustavo Petro en su contra.
Javier Tamayo Perdomo, el abogado de Cardona, fue el encargado de la aclaración. El médico “no ha sido objeto de ninguna orden de captura”, medida de aseguramiento o restricción alguna de la libertad. Las afirmaciones contrarias, como la del mandatario, “carecen completamente de veracidad”.
“Por consiguiente, se hace un llamado a la prudencia y a evitar las especulaciones sin fundamento que afectan el derecho constitucional al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia del doctor Cardona”, zanja un comunicado que firma Tamayo. La Fiscalía investiga el desempeño de Cardona al mando de Nueva EPS.
La Fiscalía le imputó a José Fernando Cardona, en mayo del año pasado, tres delitos: falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. Luego, lo llamó a juicio, en febrero. El ente acusador sostiene que entre 2019 y 2023 el presidente habría ordenado no procesar toda la facturación de la EPS.
Los directivos de Nueva EPS ocultaron millones de facturas
El supuesto mandato del especialista en Economía generó que la información de los estados financieros “no fuera real ni fidedigna”, aseveró la Fiscalía en su momento. La intención de Cardona, al parecer, era ocultar “el alto grado de endeudamiento” de la prestadora. El presidente Petro le achaca a Cardona el estado actual de la entidad.
Además de Cardona, también van a juicio Juan Carlos Isaza, el exvicepresidente administrativo y financiero de Nueva EPS; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, y Fabián Antonio Peralta, exgerente de cuentas médicas. La Fiscalía dice haber identificado más de tres millones de facturas ocultas.
La madrugada del 10 de julio, cuando Nueva EPS estaba a punto de cumplir una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y revelar sus estados financieros de 2023 y 2024, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X que la deuda acumulada desde la creación de Nueva EPS superaba los veintidós billones de pesos.
“Estaba quebrada ya en 2022 y 2023, y lo ocultaron dolosamente escondiendo cinco millones de facturas no pagadas, y así disminuían el monto total de la deuda”, dijo el presidente, en un mensaje en el que se refirió al “señor Cardona” con la imprecisión que la defensa al mando de Tamayo desmintió: “está ya preso”.
Los estados financieros reflejan la crisis en Nueva EPS
Once meses atrás, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra José Fernando Cardona porque presuntamente autorizó ejecutar un plan de ahorro voluntario de más de mil millones de pesos con cargo a los recursos de la unidad de pago por capitación (UPC), el dinero que el Estado le gira a las EPS por cada afiliado.
Nueva EPS es la entidad promotora de salud más grande de Colombia, con más de once millones de usuarios. La revelación de sus estados financieros confirma pérdidas de más de seis billones de pesos entre 2023 y 2024, deudas superiores a los veintidós billones y un patrimonio negativo que rebasa los diez billones.
La Superintendencia de Salud tomó, en abril de 2024, los bienes y servicios de la entidad a la fuerza y le dio paso a una intervención que, dos años después, está lejos de resolver los problemas de fondo que aquejan a cientos de usuarios. El 30 de abril, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en la entidad.
El Ministerio Público procesa al exalcalde Jorge Iván Ospina, el último interventor del gobierno de Petro en la entidad de salud con más pacientes, y a Luz María Múnera, quien antes de la llegada de Daniel Quintero al Ejecutivo era la superintendenta ad hoc para Nueva EPS. Ambos fueron citados a una versión libre.
La intervención estatal sigue bajo cuestionamientos e investigaciones
Para la Superintendencia, Ospina no cumple los requisitos para ser el agente encargado estatal. La Procuraduría, precisamente, recibió el 14 de abril un demoledor informe de la agencia sanitaria. El documento, de diecinueve páginas, denuncia esa y otras anomalías en la intervención a Nueva EPS.
Actualmente, la administración de Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Daniel Quintero como superintendente— administra seis EPS, luego de que los tribunales le arrebataran el control de dos: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS concentra la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS. La Fiscalía “ha omitido encarcelar a los corresponsables del desfalco”, escribió Petro en X.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué José Fernando Cardona desmintió al presidente Gustavo Petro?
El expresidente de Nueva EPS respondió a las afirmaciones de Gustavo Petro, quien aseguró que estaba preso por el presunto ocultamiento de millones de facturas. A través de su abogado, Cardona sostuvo que no existe en su contra ninguna orden de captura, medida de aseguramiento o restricción de la libertad, y pidió respetar su derecho al buen nombre y a la presunción de inocencia.
¿De qué acusan la Fiscalía y la Procuraduría a José Fernando Cardona?
La Fiscalía llevó a juicio a Cardona por presuntamente ordenar, entre 2019 y 2023, que no se procesara toda la facturación de Nueva EPS, con el fin de ocultar el nivel de endeudamiento de la entidad. El proceso incluye delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control de recursos de la salud. Paralelamente, la Procuraduría le formuló cargos por el presunto uso irregular de recursos de la UPC.
¿Qué revelan los estados financieros de Nueva EPS sobre la crisis de la entidad?
Los estados financieros de 2023 y 2024 muestran pérdidas superiores a seis billones de pesos, deudas que sobrepasan los veintidós billones y un patrimonio negativo de más de diez billones. Las cifras confirman la delicada situación financiera de la EPS más grande del país, intervenida por el Gobierno desde abril de 2024.
¿Qué cuestionamientos enfrenta la intervención del Gobierno a Nueva EPS?
Además de los procesos penales contra antiguos directivos, la intervención estatal también es objeto de investigaciones disciplinarias. La Procuraduría indaga la actuación de exinterventores y recibió un informe de la Superintendencia de Salud que advierte presuntas irregularidades en el manejo de la entidad, mientras Nueva EPS sigue concentrando el mayor número de quejas entre las EPS administradas por el Gobierno.
