La FM en Google News
Jesús Santrich, nuevo representante a la Cámara por el partido de las Farc, habló con LA FM del escándalo por los supuestos manejos manejos del dinero destinado por la comunidad internacional al posconflicto.
"No me atrevo a decir que los dineros fueron robados, sencillamente no se expresan en bienestar para quienes están en proceso de reincorporación", aseguró Santrich, quien agregó que, desde el principio las Farc manifestaron reparos a asuntos logísticos específicos.
Por ejemplo, dijo Santrich, "nunca se terminaron de construir las zonas veredales" y "nunca hubo un informe claro" sobre el manejo que se le estaba dando al dinero del posconflicto. "Nosotros ya no somos guerrilla", aseguró el próximo congresista, al hacer énfasis en que no se le puede preguntar por temas como la entrega de menores de edad por parte del desaparecido grupo guerrillero.
Escuche las declaraciones completas de Jesús Santrich
Todo sobre el cartel de la paz, en el enlace
La Cancillería
La Cancillería colombiana aseguró que el Gobierno garantiza el buen uso de los recursos donados por la comunidad internacional para la ejecución de proyectos relacionados con el posconflicto tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
Mediante un comunicado la cartera de Relaciones Exteriores se pronunció con respecto a las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y del contralor, Edgardo Maya, quienes alertaron al Gobierno de irregularidades en proyectos del Fondo Colombia en Paz.
"Es un compromiso del Gobierno colombiano asegurar el manejo transparente de los fondos creados tanto con recursos de la nación como con la contribución generosa de donantes internacionales", manifestó la Cancillería en un comunicado.
El fiscal Martínez advirtió en una carta enviada al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que investigaciones "sobre el proceso de contratación de los proyectos productivos en el posconflicto", encontraron "evidencias concluyentes sobre la existencia de diversas circunstancias que conjuran contra la integridad del mismo".
"De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas", manifestó Martínez en la carta enviada a Santos y divulgada por la Fiscalía.
Ante esto la Cancillería dijo que la prioridad del Gobierno es asegurar que haya una "administración efectiva y eficiente de los recursos" para que se beneficie de forma "clara y directa" a las poblaciones incluidas en los diferentes programas.
Por su parte, Santos dijo en Twitter que el Gobierno trabaja con "contundencia y diligencia"para "garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos". De igual forma, Maya afirmó que la Contraloría auditará los dineros del Fondo Colombia en Paz, creado el 27 de abril del año pasado por Santos para recibir y administrar los recursos para el posconflicto provenientes del presupuesto nacional y de aportes del sector privado y la comunidad internacional.
El Fondo está en el ojo del huracán a raíz de una carta que los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le enviaron al Ministerio de Hacienda para hablar del manejo que se le ha dado a los recursos que sus países donaron para posconflicto y que son gestionados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS), que depende de Colombia en Paz.
Según la Cancillería, las declaraciones de los embajadores de los tres países europeos no se pueden interpretar como "señalamientos de corrupción" y detalló que al hablar de transparencia hacían referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del Fondo.
El contralor dijo además que pedirá a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, información sobre el manejo de los recursos, y señaló que si no la reciben ejercerán sus funciones como "Policía Judicial para buscar las pruebas requeridas".
La misma petición será extendida al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, que esta semana presentó su renuncia al cargo, efectiva a partir del próximo 1 de mayo. La JEP es la instancia diseñada para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
Correa afirmó en su carta de renuncia que lo hace porque cumplió su ciclo, pero la prensa ha ventilado denuncias de supuestos malos manejos en el arriendo de vehículos para los magistrados de la JEP, entre otras irregularidades. A la preocupación por el manejo del dinero del posconflicto se sumó el procurador general, Fernando Carrillo, quien afirmó que no se puede permitir que "colapse el proceso de paz" por la mala administración de recursos, y agregó que se inició una indagación preliminar para analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz.
"Lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz", manifestó Carrillo.
