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Aún sigue en el limbo la ley que reglamenta el procedimiento que se debe seguir en el mecanismo de Justicia Especial de Paz (JEP) que servirá para la investigación y juzgamiento de los actos cometidos con ocasión del conflicto armado.
Uno de los temas más coyunturales obedece a cómo se va a proceder frente a los procesos que se pongan en marcha en contra de los militares.
Al respecto, la senadora Paloma Valencia Laserna dijo que las Fuerzas Armadas no deben ser juzgadas con ese mismo procedimiento. A su juicio, debe existir una sala dentro de la propia JEP con magistrados que conozcan de Derechos Internacional Humanitario y los manuales operacionales de los militares.
“Para poder juzgar a los militares y policías de Colombia se necesita tener un mínimo conocimiento sobre cómo funcionan esas tropas para procesarlas adecuadamente”, indicó.
El temor del Centro Democrático –partido de Paloma Valencia– es que con este procedimiento se termine obligando a muchos policías y soldados a confesar delitos que no han cometido para poder obtener la libertad.
“Esos incentivos que son muy buenos para las Farc para que cuenten la verdad, pueden resultar muy nocivos para las Fuerzas Armadas”, indicó.
Frente a las actuales dilaciones, el senador Armando Benedetti Villaneda –quien renunció como ponente de este proyecto en el Senado– alertó que realmente hoy en día a nadie, ni la mismo Gobierno, no le importa la implementación del Acuerdo de Paz.
“Es evidente que están tomando del pelo con la implementación. A dos semanas de la elección presidencial en segunda vuelta le dije al Gobierno que las mayorías eran diferentes y que después de ese proceso electoral sería imposible aprobar el proyecto de la JEP. Pese a esta advertencia solo hasta el 30 de mayo se pronuncia del tema de la JEP”, aseguró.
En el mismo sentido, Benedetti dijo que este Gobierno está tan débil que le fue cambiado el orden del día en el Senado y no pudo hacer nada para impedir que se siga dilatando el trámite del proyecto.
Hoy en día es incierto el tránsito que tendrá la ley de procedimiento de la JEP y este mecanismo de justicia transicional apunta a seguir en el limbo jurídico.
