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El senador Iván Cepeda se pronunció luego de que la Fiscalía llamara a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos.
Cepeda aseguró que no revelará detalles de la estrategia jurídica que implementarán para lo que viene en este caso, pero reitera que existen todas las pruebas que sustentan las acusaciones hechas contra el líder del Centro Democrático.
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“No vamos a adelantar con relación a nuestra estrategia jurídica, que como se ha demostrado es muy rigurosa, que tiene un acervo probatorio muy sólido después de tantos años de litigio judicial, que tiene decisiones que respaldan ese acervo, así que vamos con toda tranquilidad sin arrogancias a la instancia judicial que corresponde”, sostuvo.
Sin embargo, llama la atención el planteamiento que lanzó luego de la decisión que se tomó contra Uribe, proponiendo un acuerdo nacional para se conozca toda la verdad.
“Yo hago un llamado a que se piense en una salida que signifique un acuerdo nacional en torno a la verdad como el que ha propuesto el presidente Gustavo Petro”, sostuvo.
Aún no se conoce a ciencia cierta a qué se refiere Cepeda con esto, pero la declaración la da en momentos en que se ha generado una fuerte polémica por la propuesta de reforma constitucional que está circulando en el Congreso, para entregarle poderes especiales al presidente de la República para otorgar perdón total a criminales y que fue calificada como “inconstitucional” por el propio Cepeda.
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De hecho, el propio Uribe en su declaración hace referencia a la ley de punto final que se está ambientando. “Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o una ley de punto final, entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las Farc y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido”, afirmó.
Sin embargo, este eventual acto legislativo no tendría respaldo en el Congreso de la República, ya que la mayoría de legisladores afirmaron que se trata de una propuesta abiertamente inconstitucional.
