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En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una ponencia en la que se pide vincular a una investigación formal al presidente Gustavo Petro y llamarlo a indagatoria, dentro del proceso que se le sigue por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña política.
Los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, dos de los tres investigadores de este caso en esa corporación, encontraron que existirían indicios de una posible responsabilidad del mandatario en la violación de topes y financiación ilegal de su campaña en el 2022.
En el documento, se advierte que “el Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, mediante la recepción de indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno de los siguientes derechos: derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse, prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al trasiado del expediente para la preparación de su defensa”.
Práctica de pruebas
Adicionalmente, están pidiendo la práctica de nuevas pruebas, como varios testimonios de exintegrantes de la campaña y de representantes de las empresas que habrían aportado dineros para financiar la candidatura de Petro, además de una declaración del magistrado Benjamín Ortiz, que fue el que coordinó toda la investigación dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Violación de topes y financiación ilegal
El proyecto presentado por los representantes Arizabatela y Carrillo, asegura que “los gastos reales de la campaña superaron el tope de la primera vuelta en $3.709.361.342 y el tope de la segunda vuelta en $1.646.386.773”. Y que “el mecanismo principal de ocultamiento del exceso fue la alteración de la facturación de los vuelos contratados con SADI S.A.S., mediante la expedición de las notas crédito NC31 y NC32”.
También habla de los aportes dados por Fecode por alrededor de 500 millones de pesos, así como los entregados por la USO por alrededor de 600 millones de pesos, así como los gastos relacionados la logística de los testigos electorales, “considerados aportes ilegales por el CNE en cuanto provienen de una persona jurídica”.
Posibles delitos
Para los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara, los hechos descritos en este proceso contra el presidente Petro, “encuadran, provisionalmente, en cuatro tipos penales del Código Penal vigentes al momento de los hechos”, los cuales son: financiación con fuentes prohibidas, violación de los topes de gastos, omisión de información del aportante y fraude procesal.
“No se configura en este radicado ningún supuesto que impida el inicio o la continuación de la acción penal por los hechos investigados”, señala adicionalmente el documento.
Así las cosas, la sala plena de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendrá que reunirse para votar esta solicitud de los congresistas investigadores y determinar si se le abre o no una investigación formal al presidente Gustavo Petro, para que sea llamado a indagatoria.
