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Tras el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República, distintos actores del sistema de salud coincidieron en que, más allá del revés político, la crisis del sector continúa profundizándose y exigen respuestas urgentes por parte del Gobierno nacional para proteger a los pacientes y garantizar la prestación de los servicios de salud de los colombianos.
El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, afirmó que el hundimiento del proyecto revive una situación paradójica que se ha repetido en el país: existe un consenso general sobre la necesidad de una reforma, pero no un acuerdo sobre la forma de implementarla.
“Todos los sectores consideran que hay que hacer una reforma, pero no se ha podido coincidir en la manera de llevarla adelante”, señaló.
Expectativa por el trámite de apelación
Giraldo explicó que el gremio se mantendrá expectante frente a la decisión que adopte la plenaria del Congreso sobre una eventual apelación, la cual podría permitir que el debate continúe en otra comisión, como ocurrió con la reforma laboral. Sin embargo, subrayó que, independientemente de ese desenlace, el país no puede seguir aplazando un análisis serio y responsable de una reforma estructural al sistema de salud.
“El Gobierno, en el inmediato plazo, tiene que tomar decisiones para ayudar a manejar una coyuntura que cada día es más difícil, especialmente para la prestación de los servicios”, advirtió.
Los pacientes son los más afectados
El directivo fue enfático en señalar que la crisis ya tiene un impacto directo sobre los pacientes. “Faltan medicamentos, no se paga oportunamente, la cartera sigue creciendo y hay una cantidad de problemas que hoy son evidentes”, afirmó. Aunque reconoció que el archivo de la reforma a la salud es un hecho político, insistió en que las dificultades operativas del sistema requieren intervenciones inmediatas, algunas de carácter legislativo y muchas otras administrativas.
Financiamiento del sistema de salud
Una postura similar expresó Ana María Vesga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio de las EPS del régimen contributivo, quien reiteró que los problemas del sistema no pueden seguir postergándose. Vesga destacó que una de las decisiones más urgentes es la relacionada con el financiamiento, en particular la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026.
“Esa es, sin duda, la señal necesaria para iniciar la estabilización del sector el año que viene, en un sistema que el Gobierno se niega a aceptar que está en crisis”, afirmó. Según la dirigente gremial, mientras persista esa negativa, miles de pacientes y sus familias enfrentan a diario más barreras y mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.
No resolvía los problemas del sistema de salud
Desde la perspectiva de los usuarios, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que el Gobierno no contaba con los recursos necesarios para implementar la reforma archivada y que esta no resolvía los problemas estructurales del sistema. “Mientras el señor ministro se desgasta descalificando a todos los actores del sistema, debería estar pensando en frenar la crisis humanitaria que está generando muerte”, afirmó.
Silva hizo un llamado a convocar una mesa amplia con todos los actores del sector y a presentar una nueva reforma que permita sacar al país de lo que calificó como una “crisis espantosa”. Aunque celebró el archivo del proyecto, lamentó que Colombia avance hacia una mayor polarización y menos respuestas efectivas. “La salud es un derecho fundamental, no un favor”, concluyó.
Las voces de gremios y pacientes coinciden en un punto central al señalar que “el debate sobre la reforma no puede seguir desligado de las decisiones urgentes que requiere el sistema para evitar que la crisis continúe agravándose y afectando, cada día más, a millones de colombianos”, puntualizó.
