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El jefe de la cartera de Interior explicó que pese a que en La Habana se acordó la elaboración de esta iniciativa, la reforma no está hecha a la medida de las Farc.
“Esta reforma no se hace para cumplir las aspiraciones de las Farc en política, porque los temas que se discutieron en materia política están ya consagrados en el acto legislativo de circunscripción transitorias especiales, en el estatuto de oposición, entre otros (...) Creemos que esta reforma satisface no las aspiraciones de las Farc, sino la de muchos colombianos que se ven hoy excluidos del sistema político colombiano”, indicó.
El Gobierno también indicó que una de las líneas rojas que defenderá durante el trámite de la iniciativa, será la lista cerrada para las elecciones.
Sin embargo, el presidente del Partido de la U, Armando Benedetti, dejó claro que no hay un consenso total sobre esta propuesta.
“El Partido de la U en su mayoría me ha expresado que le gustaría estar con la lista cerrada, no es una posición oficial, pero hay una alta favorabilidad”, indicó.
Además, Benedetti indicó que también propondrán sanciones severas para quienes otorguen avales dudosos.
“Se tiene que poner de forma taxativa de que el representante legal será sujeto de investigaciones penales y disciplinarias por lo que suceda con la persona a quien le entregó ese respaldo”, agregó el congresista.
Por su parte, la senadora Claudia López señaló que la reforma electoral tiene buenas propuestas, pero que buscarán introducir algunas modificaciones en puntos como el de la lista cerrada.
“Nos preocupa y vamos a mirar cómo se perfecciona que eso signifique la dictadura del bolígrafo, porque la idea es que verdaderamente haya mecanismos de democracia interna. Pero la noticia más importante para las mujeres es que la lista cerrada sea cremallera, es decir, los partidos tendrán que intercalar una mujer y un hombre y sus listas, de manera que la igualdad de género en la política pasará a ser un mandato”, manifestó López.
La reforma no creará una corte electoral, pero sí contempla un nuevo Consejo Electoral Colombiano conformado por magistrados que tendrán funciones de policía judicial para sancionar las irregularidades que se cometan durante la campaña. Se acaban las curules vitalicias en las corporaciones públicas y se limita su permanencia a dos periodos. La financiación de las campañas políticas será preponderantemente estatal y con vigilancia especial.
Platean la posibilidad de eliminar las funciones de la Procuraduría para inhabilitar funcionarios de elección popular y esa labor se la dejan al Consejo de Estado.
Cabe mencional que la reforma política y electoral será tramitada a través del mecanismo fast track y será estudiada en cuatro debate.
