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Se trata de una norma que fijaba honorarios para los ediles e integrantes de las Juntas Administradoras Locales de todo el país.
En el documento dirigido al Congreso, el presidente argumenta objeción por inconstitucionalidad, al considerar que se viola la norma en la que se establece el derecho que tienen la entidades territoriales para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios.
Además, asegura que esta no es razón suficiente para que el poder legislativo intervenga en la destinación de los fondos de propiedad de los municipios.
El Gobierno asegura que crear una remuneración para los integrantes de las JAL, implicaría nuevos gastos de funcionamiento para las localidades, además del impacto fiscal que puede generar esta ley para los presupuestos.
Esto fue rechazado por los senadores Doris Vega y Eduardo Enríquez Maya, impulsores del proyecto en el Congreso, quienes señalaron que la iniciativa estaba enfocada a reconocer la labor meritoria que cumplen los ediles a la hora de vigilar las inversiones que se hacen en las localidades.
