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El presidente Abelardo De La Espriella resaltó el megaoperativo de registro y control realizado en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.
En la intervención se hallaron seis antenas de internet satelital Starlink y 38 módems con los que los internos se comunicaban con el exterior para coordinar delitos y extorsionar a ciudadanos y empresarios. En las celdas también había 356 armas cortopunzantes, estupefacientes y dinero en efectivo.
Cárceles convertidas en oficinas del crimen
Con el balance de la requisa, el mandatario envió un mensaje a los internos que siguen manejando sus estructuras desde la reclusión y fijó la línea de su gobierno frente al sistema carcelario.
“Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella.
La intervención llega una semana después de que un grupo de internos de La Picota ofreciera entregar sus celulares para frenar la extorsión, con la condición de ser escuchados primero por el jefe de Estado.
El “error histórico” que el presidente quiere corregir
La requisa se produce días después de la operación Bosur-Kratos del 28 de octubre en Bogotá, que dejó 172 capturados y 114 allanamientos en ocho localidades, con acciones concentradas en Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar.
En el consejo de seguridad posterior, el presidente le dio una instrucción al director del Inpec, Daniel Gutiérrez: llevar a los capturados a cárceles de otros departamentos. El jefe de Estado explicó esa decisión con una crítica a la forma en que el país ha manejado durante años a sus detenidos.
“Ese ha sido un error histórico, dejar en la misma ciudad presos en la que delinquen”, sostuvo el presidente Abelardo De La Espriella.
33 presos de San Andrés, trasladados a Bogotá
En el archipiélago, el Gobierno tomó una medida en la misma línea. El 1 de noviembre, por orden del presidente, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional trasladaron a 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá.
Según el Gobierno, el objetivo es impedir que las estructuras criminales usen los centros de reclusión de la isla para mantener actividades ilegales, conservar privilegios o intimidar a la población.
Ese mismo día, Migración Colombia expulsó hacia Honduras a 44 ciudadanos hondureños. La Armada Nacional los había sorprendido en flagrancia haciendo pesca ilegal y explotación no autorizada de recursos marinos en aguas cercanas al archipiélago.
Preguntas clave del tema
¿Por qué los celulares en las cárceles están ligados a la extorsión?
Los teléfonos, las tarjetas SIM y las antenas de internet satelital les permiten a los internos comunicarse por fuera de los controles del penal. Desde esas líneas coordinan delitos, presionan a sus víctimas y cobran extorsiones a ciudadanos y empresarios. Solo en La Picota se hallaron 3.754 tarjetas SIM, y cada una puede activar una línea telefónica distinta.
¿Qué fue la operación Bosur-Kratos?
Fue una intervención contra la delincuencia urbana en Bogotá, iniciada en la madrugada del 28 de octubre y encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella. Dejó 172 capturados y 114 allanamientos en ocho localidades de la ciudad. Se incautaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 celulares, marihuana y $10,1 millones en efectivo.
¿Qué cambia con el traslado de presos a otros departamentos?
Con la instrucción del presidente al director del Inpec, Daniel Gutiérrez, los capturados en Bogotá cumplirán su reclusión lejos de las zonas donde operaban. La medida apunta a romper el vínculo entre los detenidos y sus estructuras criminales. El mandatario la presenta como la corrección del “error histórico” de mantener a los presos en la misma ciudad donde cometieron sus delitos.
¿Por qué se trasladaron los presos de San Andrés?
El Gobierno trasladó a 33 reclusos de la isla a Bogotá para evitar que siguieran manejando actividades ilegales, manteniendo privilegios o intimidando a la población desde la cárcel del archipiélago. En el traslado participaron la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. La medida coincidió con la expulsión de 44 hondureños sorprendidos en pesca ilegal en aguas colombianas.
