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La Gobernación de Antioquia anunció este jueves que no aplicará, por ahora, las medidas tributarias incluidas en el reciente decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que vulneran la Constitución y afectan la autonomía fiscal de los entes territoriales.
La decisión fue revelada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien explicó quese hará uso de la figura jurídica denominada "excepción de inconstitucionalidad".
Según se explicó, la figura permite no implementar una norma cuando existen serios indicios de contradicción con la Constitución Política, mientras la Corte Constitucional hace el control automático de legalidad del decreto.
El Decreto 1474 de 2025 fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte de un paquete de medidas tributarias y fiscales adoptadas tras la declaratoria de emergencia económica.
Estas medidas, que rigen desde el 1 de enero de 2026, incluyen cambios en tarifas de impuestos como el IVA sobre licores, vinos y apuestas por internet, así como ajustes a otros gravámenes con el objetivo de asegurar recursos para el Presupuesto General de la Nación.
Argumentos y posibles impactos
La administración antioqueña sostiene que la aplicación inmediata de estos impuestos implicaría un impacto fiscal “desproporcionado” en las finanzas del departamento, afectando el ejercicio de sus competencias y la ejecución de programas públicos.
Según las autoridades regionales, la medida tributaria afectaría incluso empresas con participación regional como la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que representa una fuente significativa de ingresos para el departamento; estimaciones preliminares mencionan pérdidas superiores a los 40.000 millones de pesos solo por este concepto.
Otro aspecto señalado por la Gobernación es que la norma tendría efectos sociales y sanitarios no deseados, como potenciales incentivos al contrabando de bebidas alcohólicas y al consumo de productos adulterados, lo que podría traducirse en desafíos adicionales para las finanzas públicas y la salud ciudadana.
En ese sentido, las autoridades regionales han insistido en que la urgencia fiscal del Gobierno Nacional no puede justificar una modificación del sistema tributario sin respetar los límites y competencias fijados por la Constitución.
Proceso judicial y respuesta institucional
La decisión de Antioquia marca una etapa inicial en un posible pulso jurídico y político entre el Gobierno Nacional y las regiones. La Corte Constitucional tiene en curso el control de legalidad automático del decreto, evaluando si las medidas adoptadas bajo la emergencia económica se ajustan a la Constitución.
Hasta que el alto tribunal no emita un pronunciamiento definitivo, la Gobernación ha declarado que mantendrá la inaplicación del componente tributario del decreto, con el argumento de que protege la autonomía fiscal del departamento y evita perjuicios inmediatos a su economía local.
Esta posición se enmarca en un contexto más amplio de críticas a las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, incluidas expresiones de otros gobiernos regionales que también han manifestado reservas sobre la constitucionalidad y los efectos de las nuevas cargas tributarias.
