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La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que avanzaba contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras concluir que no existían pruebas suficientes para establecer que hubiera cometido delitos relacionados con la contratación de varios Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro.
La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de revisar una denuncia presentada por una veeduría ciudadana que advertía supuestas irregularidades en contratos ejecutados entre 2016 y 2019, periodo en el que Rendón se desempeñó como alcalde de ese municipio del Oriente antioqueño.
De acuerdo con el ente investigador, la indagación giraba alrededor de posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en medio de cuestionamientos por la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio. Sin embargo, tras varios meses de revisión documental y recolección de información, la Fiscalía concluyó que no halló evidencia que permitiera sostener la existencia de conductas penales.
En la decisión conocida en las últimas horas, la Fiscalía aseguró que durante el proceso investigativo se comprobó que la administración municipal de la época sí implementó mecanismos formales de supervisión y control sobre los contratos observados. Según el expediente, esos proyectos buscaban fortalecer la presencia de la Policía en distintos sectores de Rionegro y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades beneficiadas.
La denuncia que originó el caso
La investigación había comenzado tras una denuncia presentada por una veeduría ciudadana que puso bajo la lupa varios procesos contractuales relacionados con infraestructura para la fuerza pública. El señalamiento apuntaba a presuntas inconsistencias en la adjudicación y ejecución de los contratos para la construcción de los CAI.
La denuncia tomó relevancia por tratarse de proyectos financiados con recursos públicos y por involucrar a quien hoy ocupa uno de los cargos políticos más importantes del departamento. No obstante, la Fiscalía indicó que, tras analizar la documentación y las actuaciones administrativas, no encontró elementos que demostraran un direccionamiento irregular o apropiación indebida de recursos.
El ente acusador también señaló que no fue posible acreditar una vulneración a la ley penal que justificara continuar con la indagación, motivo por el cual se ordenó el archivo definitivo de las diligencias.
Qué concluyó la Fiscalía
En el documento conocido por medios de comunicación, la Fiscalía explicó que durante el periodo investigado existieron controles institucionales y procesos de supervisión frente a los contratos cuestionados. Esa conclusión terminó siendo clave para descartar la posible comisión de delitos.
La entidad reiteró que el archivo no obedeció a vencimientos de términos ni a aspectos procesales, sino a la ausencia de pruebas que permitieran sostener la hipótesis planteada en la denuncia ciudadana.
“En atención a los elementos de convicción allegados, la evidencia e información legalmente obtenida, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación”, señaló el organismo investigador.
Rendón había defendido la legalidad de los contratos
Desde que se conocieron los cuestionamientos, el gobernador Andrés Julián Rendón insistió en varias oportunidades en que los procesos contractuales se realizaron bajo los parámetros exigidos por la ley y defendió la construcción de los CAI como proyectos necesarios para fortalecer la seguridad en Rionegro.
El hoy mandatario departamental sostuvo que las obras permitieron llevar mayor presencia institucional a sectores donde la comunidad reclamaba acciones frente a problemáticas de orden público.
Con el archivo de la investigación, la Fiscalía dio por cerrado el proceso y descartó que Rendón hubiera incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación durante su paso por la Alcaldía de Rionegro.
