Exviceministro Gabriel García Morales, a la cárcel La Picota tras aceptar cargos en caso Odebrecht

La Fiscalía le imputó al exviceministro de Transporte cargos por cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
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Colprensa - Luisa González

Un juez dictó medida de aseguramiento intramural al exviceministro de Transporte Gabriel García, quien fue enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Durante esta audiencia , que duró cerca de 11 horas, y ante una juez con función de control de garantías el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García aceptó cargos por los delitos que le imputó la Fiscalía en relación al escándalo por los sobornos de Odebrecht.

Los delitos por los que deberá responder el exfuncionario son cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito dentro del proceso por el pago de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht para quedarse con el proyecto de la Ruta del Sol II. Según lo establecido en la investigación, García habría recibido 6.5 millones de dólares para dicha adjudicación.

De acuerdo a la Fiscalía, el exviceministro García Morales exigió el pago de USD6.5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para la licitación del Tramo Dos de la Ruta del Sol, excluyendo a otros competidores, para que le fuera otorgada la concesión, como en efecto ocurrió.

"Los pagos para la adjudicación del Tramo Dos de la Ruta del Sol fueron realizados por Odebrecht en Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de esa empresa, que según las pruebas en poder de la Fiscalía era el mecanismo a través del cual esa firma hacía los pagos derivados de corrupción", aseguró la Fiscalía.

Otto Bula, exsenador de la República, capturado por caso Odebrecht

El pasado jueves 12 de enero, el ente acusador señaló que el 21 de diciembre de 2016 se celebró un acuerdo entre la firma Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza.

"En ese acuerdo la firma Odebrecht reconoció el pago de sobornos en 12 países para la obtención de contratos. "En el caso de Colombia, los pagos suman 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 también para asegurarse contratos de obra pública.”, señaló el documento suscrito por los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York".

De igual modo, como resultado de las investigaciones, la Fiscalía General anunció que ha logrado establecer que la firma Odebrecht efectuó pagos para obtener varios contratos de obra en Colombia.

"Un primer ilícito por USD6.5 millones, se llevó a cabo para lograr la adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales, entonces Viceministro de Transporte de la época, del Tramo Dos de la Ruta del Sol. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010 (...) La suma restante para completar los USD11.1 millones se utilizó para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración", indicó la Fiscalía.

-Respaldo-

El presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro, afirmó que el gremio está dispuesto a entregar la información que sea necesaria a las autoridades para esclarecer aún más el escándalo del pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en el país.

“Estamos dispuestos a entregar toda la información que sea del caso a la Fiscalía y a la Unidad de Información Análisis Financiero UIAF, porque siempre hemos dicho que no podemos tolerar hechos de corrupción en Colombia”, afirmó Castro.

El directivo aclaró, no obstante, que uno de los grandes interrogantes es que no se conoce si los millonarios sobornos fueron pagados en Colombia o en el exterior.

“Nosotros tenemos varios acuerdos con la UIAF y el sistema financiero ha sido destacado en el mundo por ser uno de los que más ha hecho esfuerzos para fortalecer el sistema de administración de riesgos con el fin de combatir el lavado de activos e incluso la financiación del terrorismo”, expresó.

Castro dijo, además, que “de haber ocurrido un pago con cantidades inmensas, las entidades financieras están obligadas a hacer un reporte sobre el registro de operaciones sospechosas a la UIAF”.

Según la Fiscalía, este era el mecanismo a través del cual la firma realizaba los pagos derivados de corrupción.


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