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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de la excongresista Zulema Jattin Corrales, procesada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la parapolítica.
La exsenadora es investigada por sus supuestos nexos con las Autodefensas en Córdoba, lo que le permitió llegar al Congreso de la República, primero como representante a la Cámara de Córdoba entre los años de 1998 a 2006 y luego como senadora entre 2006 al 2009.
La Corte Suprema investiga a Jattin Corrales por su presunta autoría en el delito de concierto para delinquir agravado.
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"Al analizar su plan de aporte a la verdad, los magistrados concluyeron que la compareciente, que fue aceptada como agente de Estado no integrante de la fuerza pública, está en condición de aportar verdad que ayude a esclarecer cómo operó el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba, entre los años 2000 y 2007", indicó la JEP.
En la determinación se señala que “a partir del conocimiento de algunos de los pactos y acuerdos establecidos entre los comandantes de los bloques que operaron en la región y la clase política vigente para ese momento".
De acuerdo con los magistrados, la información suministrada por Zulema Jattin en las audiencias a las que fue convocada por la JEP permitió identificar elementos de seriedad y concreción que contribuyen con los fines del Sistema Integral para la Paz.
"La compareciente le aportó a la JEP información determinante para construir un contexto global del conflicto armado en el Departamento de Córdoba y las dinámicas que se generaron desde el plano político con la concertación entre los funcionarios la época y los grupos paramilitares de las AUC", señala la resolución de la JEP.
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Sin embargo, los magistrados de la JEP le negaron a Jattin la libertad transitoria, condicionada y anticipada y le advirtieron que dicho beneficio judicial queda supeditado a los aportes mayores y genuinos de verdad, de reparación y de garantías de no repetición, que dignifiquen a las víctimas y les reconozcan sus derechos.
Ante esta decisión, la excongresista tendrá que continuar bajo detención domiciliaria, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.
