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En un fallo disciplinario que marca un hito en la administración pública de Cartagena, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado al alcalde William Jorge Dau Chamatt y al exdirector del Dadis, Álvaro José Fortich Rebollo, por su papel en serias irregularidades durante la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 en 2020.
La medida disciplinaria, que incluye una inhabilitación general para ejercer funciones públicas durante nueve años, se basa en hallazgos contundentes de la Procuraduría. Según la investigación, los funcionarios permitieron la contratación con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda, que no contaba con la capacidad ni las autorizaciones del Invima para suministrar los kits de diagnóstico requeridos. Además, los precios ofrecidos por esta empresa superaban significativamente a los de otros proveedores acreditados.
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La falta de idoneidad del contratista desvirtuó la razón de la contratación de emergencia, que era la necesidad urgente de diagnósticos precisos para combatir la pandemia de COVID-19. La Procuraduría subrayó que estas acciones comprometieron la respuesta efectiva ante la crisis de salud pública.
Según lo establecido, la decisión puede ser apelada ante la Sala de Servidores de Elección Popular. No obstante, la sanción entrará en vigor una vez que sea firme, lo que indica que Dau Chamatt y Fortich Rebollo deberán dejar sus funciones de manera inmediata, marcando un precedente en la administración pública local.
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Este caso resalta la importancia de la transparencia en la contratación pública y la rendición de cuentas, especialmente en momentos críticos como la pandemia, donde la correcta gestión de recursos y la idoneidad de los contratistas son fundamentales para proteger la salud y los intereses públicos.
A esta nueva sanción se le suma una anunciada el pasado 16 de julio cuando la Procuraduría General de la Nación decidió suspender e inhabilitar por cuatro meses al exmandatario. La decisión se fundamentó en unos comentarios desobligantes que hizo el exfuncionario en contra de los directivos de la Universidad de Cartagena, además de una serie de procesos acumulados durante su gestión.
