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Los actos tempranos de reconocimiento de los que habla el Acuerdo Final de Paz ya empezaron a materializarse en Colombia, incluso de manera previa a que se lleva a cabo el acto protocolario de la firma del pacto logrado entre las delegaciones de paz del gobierno y de las Farc, previsto para el próximo 26 de septiembre.
En la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos recibió a líderes de la Unión Patriótica, considerado el partido político de las Farc y que, por cuenta del conflicto armado, fue perseguido sistemáticamente y sus máximos líderes asesinados.
El Jefe de Estado, precisamente, en un acto voluntario de reconocimiento afirmó que el Acuerdo de Paz garantizará no volver a repetir estos hechos que dejaron miles de víctimas y un temor generalizado de los sectores de izquierda de hacer política en condiciones de equidad y seguridad.
“Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo el presidente Santos ante cientos de invitados en Palacio.
De hecho, ese ha sido el llamado reiterado que la UP ha hecho, especialmente líderes como Aída Abella, quien tuvo que exiliarse por cuenta del exterminio a su partido del que hoy es su presidenta.
“Tenemos que cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y –muy especialmente– que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la vida civil, sea víctima de la violencia”, dijo el primer mandatario.
Además de Aída Abella, estuvo Imelda Daza, Jael Quiroga, José Antequera y Mariela Barragán, esposa del asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, político y candidato presidencial de la UP. “Esa tragedia jamás debió haber ocurrido” insistió Santos.
El Gobierno reconoció que hubo violación de múltiples derechos (como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la libertad, libertad de expresión y de asociación, derechos políticos, libre circulación, garantías judiciales y protección judicial).
El presidente Santos dijo que es responsabilidad del Estado dar todas las garantías de no repetición y se comprometió a tomar todas las medidas para que ninguna organización viva lo que padeció la UP.
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