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Enrique Vargas Lleras presentó una nueva acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, con el fin de proteger sus derechos a la honra y al buen nombre, así como los de su familia, debido a las afirmaciones hechas por el mandatario en la red social X en un mensaje publicado el pasado 8 de octubre, en el que nuevamente habló de miles de millones de pesos que supuestamente gana esta familia.
“Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de Estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos”, indicó Petro en su momento.
Vargas Lleras consideró que las declaraciones carecen de fundamento fáctico y jurídico y no cumplen con un criterio razonable. Argumentó que “el proceso de sorteo está reglamentado y definido previamente; ni él ni ningún miembro de la Corte Arbitral tienen facultades para intervenir en el proceso; y su hermano, Germán Vargas Lleras, no ha recibido ningún pago por honorarios desde que ingresó a la lista de árbitros de la Cámara de Comercio”.
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El 10 de octubre, Enrique Vargas había presentado una solicitud de rectificación, pero la respuesta del Gobierno fue negativa. El primero de noviembre, la coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República le respondió que las declaraciones del presidente Petro estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, en su faceta de opinión, y no como difusión de información.
Enrique Vargas Lleras defendió su postura, citando los artículos 15 y 21 de la Constitución, que garantizan el derecho al buen nombre y la honra, y enfatizó que las afirmaciones de Petro han afectado su imagen y prestigio. Por ello, decidió interponer la nueva acción de tutela para evitar que estas supuestas difamaciones sigan afectando sus derechos fundamentales.
“Es importante indicar que en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, se estableció que todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos respete el buen nombre y la honra y que el Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar esos derechos. Las afirmaciones hechas por parte del señor Petro Urrego han afectado mi imagen y prestigio, socavando la confianza que en mí se tiene. Y por ello me encuentro legitimado para interponer la acción de tutela, como mecanismo transitorio, para evitar que los efectos de las difamaciones, que el señor Petro Urrego ha venido realizando, se expandan y prolonguen en el tiempo en perjuicio de los derechos fundamentales a mi honra y buen nombre”, expresó.
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El empresario y político espera que el fallo de la tutela obligue al presidente Petro a retractarse públicamente de sus afirmaciones, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en los que fueron realizadas.
