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Por lo que consideró una serie de errores que llevaron a la tragedia de Chapecoense, Ricardo Albacete Vidal, dueño de la avioneta de matrícula LMI 2933 RJ 30, presentó en febrero de 2019 una demanda en contra de la Aeronáutica Civil.
Para el empresario de origen venezolano, las omisiones por parte de los controladores aéreos y la falta de un protocolo para atender este tipo de situaciones llevó a que el avión chocara en el ‘Cerro Gordo’, en el municipio de La Unión (Antioquia).
Para Albacete Vidal, la controladora aérea que atendió la llamada del piloto de la aeronave que transportaba al cuerpo técnico y jugadores del club brasileño Chapecoense que iba a disputar la primera final de la Copa Sudamericana en contra de Atlético Nacional, emitió información errónea que desencadenó la tragedia.
“Existió un problema sistémico”, señaló el empresario al hacer referencia a lo que él cataloga una cadena de errores desafortunados. “La señora (en referencia a la operadora aérea) se equivoca con la izquierda, con la derecha, confirma en vez de corregir (...) y produce una serie de elementos que en vez de llevar la aeronave que estaba sin gasolina, sin sistemas y sin electricidad a la pista por el rumbo que traía lo obliga a moverse rumbo a las montañas”.
En una suposición de los hechos, el dueño de la avioneta asegura que el piloto del avión, en medio de la desesperación para buscar la pista y por la errónea información que había recibido choca directamente con el cerro.
“No tenía potencia puesto que los motores estaban apagados. Cuando baja y va buscando la pista lo que ve es una montaña y grita ‘Jesús’, y ahí se acaba la película”, debido a esto señaló que la Aerocivil tenía un responsabilidad directa y considerable en el accidente.
En la acción judicial se menciona además una falta de control por permitir la operación de la empresa boliviana Chater y el hecho que no la dejaran volar sin una póliza de seguro.
Tras dos años y diez meses de la radicación de la demanda el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no ha tomado una decisión de fondo.
La FM revisó el estado del proceso y encontró que la última actualización fue el pasado 12 de julio con la recepción de memoriales por parte de los sujetos procesales.
Durante lo corrido del año se han presentado varias peticiones para acceder a conocer el expediente y suministrar elementos materiales de prueba. Entre estos se encuentran la respuesta de la Aeronáutica Civil que ha negado su responsabilidad en estos hechos, situación por la cual le ha pedido al Tribunal que no acepte las pretensiones.
"Fue la operación temeraria del piloto que se abstuvo de informar de la situación de falta de combustible hasta segundos antes que se apagaran los motores, lo cual a su vez llevó a una pérdida total de potencia y una falla eléctrica en la aeronave, que imposibilitó cualquier apoyo que hubiera podido prestarle la Controladora de Tránsito Aéreo", señala la petición.
Basándose en un informe adelantado por expertos del Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Brasil y Colombia se concluyó que "fueron las graves fallas en la planificación del vuelo por parte de la empresa Lamia y de la tripulación" la que llevaron a que el avión se estrellara.
El despacho de la magistrada Betha Lucy Ceballos Posada tendrá que entrar a resolver si acepta o no la reparación por los daños morales y materiales para los familiares de las víctimas y el dueño del avión avaluados en 11 millones de dólares.
