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La defensa del presidente Petro debutó, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y empezó oficialmente el proceso contra el presidente.
El abogado Mauricio Pava Lugo, primero que todo, radicó un protocolo de ‘manos limpias’, aprobado por Naciones Unidas, para que el proceso al presidente sea transparente ante la ciudadanía, acorde con ese obligatorio programa ético y de cumplimiento. Luego, Pava Lugo, entregó a la Comisión un análisis jurídico muy serio y solicitó que se anule todo lo actuado con base en lo que los expertos jurídicos conocen como la “teoría del fruto del árbol envenenado”.
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¿En qué consiste esta teoría sencilla y contundente? En que una denuncia no puede estar apoyada en una prueba ilegal. Y la denuncia original que dio lugar al trámite procesal en la Comisión de la Cámara está soportada en una prueba ilícita, hallada por la misma Corte Suprema de Justicia.
El abogado Pava Lugo, explicó que la denuncia original, ante la Corte Suprema de Justicia, fue presentada por Socorro Oliveros de Hernández, esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el 12 de junio del año pasado, contra Gustavo Petro, Roy Barreras y Armando Benedetti, por violación de topes en la campaña electoral con base en los llamados ‘Petro videos'.
¿Qué pasó con esa denuncia en la Corte? Elegido Petro, la Corte dispuso ruptura de la unidad procesal, por fuero y competencia, y envió lo de Petro a la Comisión de Acusación, lo de Benedetti a la Fiscalía y se quedó con lo de Roy Barreras.
La Corte concluyó el 20 de octubre del año pasado, en el caso Roy Barreras, que los ‘Petro audios’ eran una prueba ilícita, que violaba derechos a la intimidad y el buen nombre, por no haber sido recaudada y aportada conforme a los ordenamientos legales. En consecuencia, la Corte dijo que no había lugar a seguir con el proceso y se inhibió de abrir cualquier investigación. La Fiscalía, acatando la teoría de la Corte, también ordenó el archivo del proceso, por la misma causa de prueba ilícita, definitivamente Nadie sabe para quién trabaja.
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¿Qué hizo la Comisión de Acusación? Sin conocer el criterio de la Corte, siguió adelante y el 15 de marzo asumió competencia, designó 3 investigadores, comisionó al CTI y desde el 3 de mayo anexó a la denuncia de Socorro Oliveros otras 7 denuncias presentadas contra el Presidente Petro.
Esto, en criterio del abogado Pava Lugo, hay que aclararlo y ordenarlo, para seguir adelante con las denuncias que subsistan, y pidió a la Comisión tres cosas:
Primero, que declare la nulidad de todo lo actuado, desde cuando avocó competencia, incluyendo el auto del del 15 de marzo firmado por los congresistas Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, donde ordenaron las primeras diligencias judiciales.
Segundo, que siguiendo el camino legal trazado por la Corte Suprema, profiera un auto inhibitorio inadmitiendo la denuncia de Socorro Oliveros por prueba ilícita y,
Tercero, que las otras denuncias se envíen a la presidencia de la Comisión para que luego de verificar que todas tengan “un núcleo esencial fáctico” se proceda a realizar el reparto correspondiente y todo se pueda tramitar en una sola actuación procesal.
Es decir, barajar y repartir de nuevo, para sacar de en medio el fruto del árbol envenenado, que por ‘efecto dominó’ vicia de ilegalidad el actual proceso. “Un vicio en la prueba tergiversa, la recta y transparente impartición de Justicia”, dicen los juristas.
