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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, llevó al Congreso nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades que, según afirmó, encontró al asumir la dirección de la entidad.
Ante la Comisión Séptima del Senado, donde estaba citada para hablar sobre el presupuesto, Suárez aseguró que la administración anterior dejó pendiente el pago de un ciclo del programa Colombia Mayor y que además realizó, antes de las elecciones presidenciales, una contratación por más de 22 mil millones de pesos para entregar mercados.
Durante su intervención, la funcionaria pidió que estos hechos denunciados, sean revisados e investigados por las autoridades organismos competentes.
Un ciclo de Colombia Mayor quedó pendiente
Uno de los señalamientos tiene que ver con el programa Colombia Mayor.
Según la directora de Prosperidad Social, durante el primer semestre de la administración anterior no se habría pagado uno de los ciclos correspondientes a este programa, por lo que esa obligación quedó pendiente y fue recibida por la actual administración.
Esto es relevante porque Colombia Mayor está dirigido a personas mayores en condición de vulnerabilidad y funciona mediante ciclos de transferencias económicas.
De hecho, la propia Prosperidad Social ha informado que actualmente el programa atiende a cerca de tres millones de personas mayores y que durante 2026 se han venido garantizando los diferentes ciclos de pago.
La directora planteó ante los senadores que esa situación debe tenerse en cuenta al momento de analizar el presupuesto y los recursos disponibles para los programas sociales.
Los mercados y los 22 mil millones
Pero hubo otro señalamiento que generó especial atención: Sandra Suárez afirmó que el programa Hambre Cero habría realizado una contratación para entregar mercados durante tres meses previos a las elecciones presidenciales.
Según su denuncia, se habría hecho además una adición a un contrato por aproximadamente 22 mil millones de pesos.
La directora cuestionó que esa contratación se hubiera concentrado justamente en el periodo previo a las elecciones y sostuvo que, por esa razón, debería ser objeto de investigación.
En ese mismo sentido, es importante precisar que se trata de un señalamiento realizado por la actual directora y que la eventual existencia de irregularidades y responsabilidades debe ser establecida por las autoridades competentes mediante las respectivas investigaciones.
La propia Prosperidad Social informó a comienzos de septiembre que está revisando contratos, convenios y actuaciones administrativas de la anterior administración, y que encontró situaciones que requieren un análisis técnico y jurídico más profundo.
Colombia sin Hambre de Renta Ciudadana
Durante su intervención, la directora también habló de Renta Ciudadana y de una de sus líneas, denominada Colombia sin Hambre.
De acuerdo con Suárez, esa línea habría quedado desfinanciada en 2025 durante la administración anterior, dejando, según sus cifras, a 2,3 millones de personas sin esa atención.
La funcionaria explicó que este antecedente es importante para entender los cambios que ha tenido el programa y las coberturas actuales.
Sumado a eso, señaló que la actual administración busca concentrar la atención en personas mayores en condición de vulnerabilidad, familias vulnerables, hogares monoparentales con niños menores de seis años y jóvenes.
Sobre este último grupo, aseguró que los jóvenes no serán desatendidos, aunque se revisarán los programas para evaluar su pertinencia y su impacto.
Investigación y revisión ante alertas de corrupción
El mensaje central de la directora ante el Senado fue que su administración está revisando lo recibido y que no pretende ocultar posibles irregularidades.
De hecho, en una declaración reciente, Suárez aseguró que en Prosperidad Social no se van a encubrir ni minimizar alertas de corrupción o irregularidades, y anunció una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas del gobierno anterior.
Ahora, las denuncias planteadas ante la Comisión Séptima tendrán que ser contrastadas con los documentos contractuales, los soportes de ejecución y los registros presupuestales correspondientes.
Mientras tanto, la directora aseguró que su prioridad es mantener los programas dirigidos a la población vulnerable y garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Al finalizar su denuncia, la funcionaria resumió su posición con una frase: “¿Quién es mi enemigo? La pobreza y el hambre”.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué denunció la directora de Prosperidad Social ante el Senado?
Aseguró que la administración anterior dejó pendiente un ciclo de Colombia Mayor y que realizó una contratación de más de 22 mil millones de pesos para entregar mercados antes de las elecciones presidenciales.
¿Qué cuestiona sobre el contrato de los mercados?
La directora considera llamativo que la entrega se hubiera concentrado durante los meses previos a las elecciones y pidió que el caso sea investigado.
¿Qué dijo sobre Renta Ciudadana?
Afirmó que la línea Colombia sin Hambre quedó desfinanciada en 2025 y que, según sus cifras, 2,3 millones de personas quedaron sin esa atención.
¿Ya están comprobadas estas irregularidades?
No. Son señalamientos de la actual directora de Prosperidad Social. La entidad adelanta revisiones técnicas y jurídicas y corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.
