Investigan denuncias de presunto constreñimiento electoral en Hospital de Neiva a favor de María Lucía Villalba y Flora Perdomo

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Marisol Rubiano Silva, jefe de Talento Humano del Hospital Universitario de Neiva, por un presunto caso de constreñimiento electoral que habría afectado a trabajadores y contratistas de la institución.

La decisión fue adoptada el 4 de marzo de 2026 por la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila, luego de conocerse información que advierte posibles presiones para que funcionarios diligenciaran listados y llevaran entre 15 y 20 personas a reuniones políticas, en apoyo a las candidatas a la Cámara de Representantes, Flora Perdomo, y al Senado, María Lucía Villalba, en el marco de las elecciones previstas para el 8 de marzo.

“…la servidora se encarga de verificar dicha asistencia a los eventos políticos de manera personal, con amenazas de despido o de no prórroga de contratos por no cumplir con las exigencias electorales”, señala el informe.

De acuerdo con el ente de control, la investigación busca establecer si la funcionaria habría utilizado su cargo para influir en decisiones políticas de trabajadores del hospital, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

“Según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, conocida como el Código General Disciplinario, está prohibido que los servidores públicos utilicen su posición para presionar o influir en procesos electorales, especialmente cuando se trata de subalternos o contratistas que dependen laboralmente de una entidad estatal”, se lee en el documento.

La Procuraduría indicó además que, con base en lo previsto en el artículo 211 de la misma norma, se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria o si existe alguna causal de exclusión de responsabilidad.

En las últimas semanas también se han conocido denuncias desde el Hospital Universitario de Neiva sobre presuntas presiones relacionadas con actividades políticas. Según algunas quejas, la funcionaria se ubicaría en las afueras del Centro de Convenciones para verificar la asistencia a reuniones.

“Las denuncias han sido generalizadas, sobre todo en instituciones públicas como la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila. Conocimos que incluso se habría fraccionado la votación en algunas dependencias para apoyar a distintos candidatos. También se han reportado exigencias de asistir a reuniones y de llenar formatos con listas de personas, incluyendo números de cédula y teléfonos”, afirmó Yilber Saavedra, director del Centro de Análisis y Vigilancia Pública.

Denuncias por presunto acoso laboral

A estas denuncias se suma una queja disciplinaria presentada por Sandra Milena Salcedo Vera, servidora pública del Hospital Universitario de Neiva.

En el documento radicado el 26 de febrero ante organismos de control, señala a la jefe de Talento Humano por presunto acoso laboral, persecución laboral, abuso de función pública, desviación de poder y vulneración del derecho a la desconexión laboral, debido a requerimientos de trabajo fuera de la jornada, durante fines de semana, festivos e incluso en periodos de vacaciones.

Según la queja, también se le habrían asignado labores contables que no hacen parte del manual de funciones de su cargo, además de un traslado que la separó de sus responsabilidades iniciales, situación que —según el documento— habría generado afectaciones emocionales y una enfermedad laboral.

Señalamientos en otras entidades de salud

Las denuncias por presuntas presiones políticas también han sido mencionadas en otras entidades del sector salud de la ciudad. El concejal de Neiva, César Oviedo, advirtió semanas atrás sobre una situación similar que estaría ocurriendo en la ESE Carmen Emilia Ospina.

Según explicó el cabildante, al menos 15 trabajadores vinculados a la estrategia de Equipos Básicos de Salud, un programa financiado con recursos del Gobierno Nacional para fortalecer la atención primaria, habrían denunciado presuntas presiones para respaldar candidaturas al Senado y a la Cámara de Representantes.

Algunos contratistas, según las denuncias, habrían sido condicionados para asistir a reuniones políticas o demostrar apoyo a determinadas campañas como requisito para mantener sus contratos laborales.

Las quejas fueron radicadas ante diferentes organismos de control, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, la Personería de Neiva, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, con el fin de que se investiguen los hechos y se determinen eventuales responsabilidades.

Desde distintas entidades se reiteró el llamado a los trabajadores del sector público para que denuncien cualquier tipo de presión política que pueda afectar su libertad de participación democrática. También recordaron que el voto es un derecho que debe ejercerse de manera libre, sin condicionamientos relacionados con la permanencia en el empleo o la contratación con el Estado.