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El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto de emergencia económica que le permitirá recaudar más recursos para atender la difícil situación que se presenta por las lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba y otras regiones del país.
Esta medida, aunque no deja de ser polémica, podría tener más acogida entre los sectores políticos representados en el Congreso de la República, tras advertir que la misma podría tener un sustento jurídico más sólido.
La senadora Martha Peralta asegura que es importante apoyar el nuevo decreto de emergencia económica sin cálculos políticos.
“Aquí no se trata de respaldar a un gobierno por simpatía, sino de respaldar una medida que es necesaria para atender a los damnificados. Muchas familias lo han perdido todo, sus viviendas, sus cultivos y su sustento. Aquí ya el debate no puede ser ideológico, debe ser humanitario, debe ser institucional, debe ser constitucional y en los momentos de crisis hay que demostrar grandeza actuando, no bloqueando”, dijo.
El senador Gustavo Moreno dijo que la emergencia económica es una herramienta necesaria y rápida, para atender situaciones de esta naturaleza, que son imprevistas.
“En estos momentos Colombia no necesita más peleas políticas, necesita decisiones. El decreto de emergencia económica no es un capricho, es una herramienta constitucional para actuar rápido, para mover recursos, para llegar donde la urgencia no da espera. Hoy una ola invertal golpea a miles de familias que no han perdido todo, sus casas, sus cultivos, su tranquilidad. No podemos responder a esta tragedia con cálculos políticos ni con mezquindades, indicó.
El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez dijo que aunque esta emergencia económica sí se justifica, de debe vigilar que el Gobierno no abuse de los nuevos impuestos que podría expedir para atender la difícil situación.
“En esta emergencia económica sí existe una justificación, pero claramente con las intenciones que ha tenido el actual Gobierno, no es raro que vuelva a sorprender con una serie de impuestos impagables y confiscatorios, como los que le ha querido plantear al país en los últimos meses”, indicó.
No obstante, hay otros sectores que consideran que se deberían buscar alternativas previas, antes de llegar a la declaratoria de un estado de excepción, como lo son los traslados presupuestales, los recursos que hay en las cuentas bancarias, entre otros.
El senador Carlos Fernando Motoa aseguró que “debería el Gobierno recurrir a los traslados presupuestales, a recortar, como lo hemos insistido, el gasto de funcionamiento porque crear nuevas embajadas, más burocracia, más derroche de recursos, no es lo que el país necesita, no es ser consecuente con la crisis que está atravesando Colombia. Deben destinarse esos recursos no ejecutados, esos traslados presupuestarios de manera inmediata a atender esta calamidad”.
Lo mismo señala Javier Suárez, dirigente del Partido Verde, quien considera que sí bien lo que ocurre con las lluvias sí es una emergencia, el Gobierno debería analizar primero otras opciones para conseguir los recursos.
“Lo que sucede en Córdoba a raíz de las inundaciones sí es una emergencia, pero creo que antes que el decreto de emergencia económica, el Gobierno Nacional debería revisar otras fuentes, recursos que no se han ejecutado, que en vez de utilizarlos en plena época electoral para propaganda y otras funciones, deberían destinarse justamente a la atención de esta emergencia antes de sacar nuevos decretos”, indicó.
El senador Germán Blanco cuestionó la falta de planeación del Gobierno Nacional para atender este tipo de situaciones.
“Nos duele la falta de planificación para que el Estado actúe de manera preventiva más que correctiva. Muchas de estas situaciones es por la falta de obras inteligentes que con los presupuestos debidos a través del tiempo y de la historia y ahí no se exime de responsabilidad nadie pero que gobiernos como este y los anteriores se hayan podido ejecutar debidamente”, sostuvo.
El nuevo decreto de emergencia económica también tendrá que ser evaluado por el Congreso de la República, que deberá exigir del Gobierno Nacional un informe detallado de la manera como se está aplicando esta medida.
