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Los Ministerios de Hacienda y Vivienda firmaron el decreto de ajustes al programa Mi Casa Ya, por fin. Pero lo hicieron desconociendo las observaciones presentadas por Asobancaria, el Fondo Nacional del Ahorro, el Departamento Nacional de Planeación, Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) y al menos 19 particulares que advertían la necesidad de implementar un régimen de transición para las modificaciones que se pretenden adoptar.
Esto es gravísimo porque afecta a más de 52.000 familias que hoy están esperando la entrega de sus casas, algunas desde hace más de siete meses, porque no les han desembolsado sus subsidios y no se sabe a ciencia cierta cuándo se los darán porque ahora les tocaría someterse a encuesta de Sisbén.
Esta decisión adoptada por el Gobierno desconoce lo manifestado por la Corte Constitucional (Sentencia T-311 de 2016), que dice que el principio de confianza legítima busca proteger a los ciudadanos de cambios bruscos e intempestivos que realicen las autoridades sin proporcionar el tiempo ni los medios que les permitan adaptarse a la nueva situación.
Recordemos que en días pasados el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, envió un mensaje de S.O.S al Gobierno advirtiendo que hay claras señales de alerta en el sector constructor, sector que jalona la economía del país pues genera más de 4 millones de empleos entre directos e indirectos.
