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El decreto que firmaron el presidente Gustavo Petro y todos sus ministros, a través del cual se convoca la consulta popular, ya está en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El documento fue presentado hace algunos minutos a la organización electoral para que se le dé cumplimiento y los ciudadanos se han llamados a las urnas el próximo 7 de agosto para pronunciarse sobre 12 preguntas relacionadas con los derechos laborales.
Sin embargo, la consulta no tiene el aval del Senado de la República y así fue certificado por la propio corporación, lo cual ya fue notificado también por el Congreso a la propia Registraduría.
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Esto llevó a que nueve partidos políticos le solicitaran al registrador Penagos que acuda a la “excepción de inconstitucionalidad” para no ejecutar el decreto y no llamar a las urnas, teniendo en cuenta que el mismo es completamente ilegal.
Además, como el decreto ya llegó a la Registraduría, las colectividades le piden a la entidad devolverlo al Gobierno, porque no cumple la totalidad de los requisitos que establece la ley.
“Se hace imperante señor Registrador Nacional del Estado Civil que en cumplimiento del mandato constitucional a usted otorgado sea devuelto al Gobierno Nacional por el incumplimiento de los requisitos necesarios para la convocatoria de la Consulta Popular Nacional establecidos en el artículo 104 de la Constitución Política de 1991 y las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 20152", afirman en la carta.
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No obstante, la Registraduría comenzará a hacer el análisis jurídico respectivo con respecto a este decreto y los próximos días podría estar tomando una decisión.
Hay quienes dicen que aparte de la excepción de inconstitucionalidad, el registrador también tiene otros caminos como lo es elevar una consulta ante el Consejo de Estado o esperar a que se fallen las demandas que se han interpuesto en contra del decreto.
