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El tercer bloque del 'Debate de La Gente', organizado por Canal RCN, El Tiempo, La FM y City TV, puso sobre la mesa uno de los temas que más preocupa en las regiones y es el deterioro de la seguridad y el futuro de la política de paz. La pregunta central fue directa ante el aumento de desplazamientos, confinamientos, amenazas a la población civil y reclutamiento forzado de menores, y es, si promoverían leyes para otorgar beneficios judiciales a bandas criminales a cambio de que dejen de delinquir.
La primera en responder fue la candidata Corcho. Dijo que es necesario replantear la política de paz total y fijar las condiciones mínimas para intentar cualquier tipo de cercamiento con grupos armados. Señaló que no puede haber negociaciones si continúan el reclutamiento de menores, el secuestro y los asesinatos de líderes sociales.
También afirmó que existe un vacío jurídico frente al sometimiento a la justicia de estructuras ligadas al narcotráfico. Recordó que un proyecto de ley sobre ese tema, fue presentado en el Congreso y no avanzó, y sostuvo que una norma de sometimiento permitiría rebajas de penas a cambio de desmantelar estructuras, reparar a las comunidades y aportar verdad.
Andrés Forero afirmó que no se puede negociar con criminales ni darles beneficios especiales. Señaló que el Estado tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza dentro del marco de la Constitución y que quienes delinquen deben someterse al Código Penal. A su parecer, la política de paz total, validada en la Ley 2272, llegó a su límite y debe cerrarse esa etapa.
David Barguil indicó que hoy ya existen vías legales que permiten el sometimiento. Planteó que el problema de fondo está en las economías ilegales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión. Mientras esas actividades continúen generando recursos, dijo, las organizaciones seguirán en la capacidad para comprar armas y reclutar personas. En su concepto, el Estado no puede ceder; quienes quieran dejar las armas deben hacerlo bajo la normatividad vigente.
Paz, sometimiento y control territorial
El candidato Juan Felipe Lemos sostuvo que la paz debe ser un propósito, pero que no puede confundirse con permisividad. Afirmó que el orden público se ha deteriorado y mencionó cifras de integrantes de la fuerza pública fallecidos. Señaló que no está de acuerdo con crear nuevas normas para quienes cometen delitos.
Por su parte, el candidato Carlos Fernando Moto citó cifras sobre secuestros y masacres, y afirmó que un alto porcentaje de municipios tiene presencia de grupos criminales. Propuso desmontar la política de paz total, aumentar los recursos en seguridad y permitir el porte de armas bajo regulación. También cuestionó la suspensión de órdenes de captura y los ceses bilaterales.
Luis Eduardo Garzón tomó distancia de esa postura y manifestó estar de acuerdo con una ley de sometimiento, siempre que tenga reglas claras. Preguntó si la alternativa era volver a un escenario de confrontación abierta y sostuvo que el Estado debe establecer las leyes que permitan reducir la violencia. Insistió en que dialogar no es lo mismo que negociar y que cualquier negociación necesita exigencias.
Después intervino Juan Sebastián Gómez, quien afirmó que el gobierno ha otorgado beneficios a grupos armados sin resultados en seguridad. Citó cifras del Ministerio de Defensa sobre homicidios y secuestros y señaló que no está de acuerdo con medidas que, según dijo, pueden convertirse en lavado de activos. Indicó que el sometimiento debe darse dentro de la ley.
Por último, Óscar Ortiz planteó que se debe revisar la figura del delito político. Señaló que ni la paz total ni otros procesos han evitado la repetición de hechos violentos. Sostuvo que se debe garantizar condena a responsables y evitar que la ciudadanía quede sometida a privilegios de grupos armados.
Réplicas cruzadas y diferencias de fondo
En la ronda de réplicas, la candidata Corcho respondió a quienes defendieron el uso de la fuerza. Señaló que bloquear leyes de financiamiento afecta las condiciones de la fuerza pública y que negarse a mecanismos de sometimiento puede prolongar la confrontación. Afirmó que la paz y la seguridad no se pueden medir en términos de confrontación armada.
Andrés Forero refutó que aplicar la ley y proteger a la ciudadanía no significa promover una guerra. Indicó que el Estado debe cumplir su función de garantizar la seguridad y rechazó que se trate de una discusión presupuestal.
Luis Eduardo Garzón llevó el debate hacia las prioridades del gasto público y mencionó la situación de miles de damnificados por lluvias en Córdoba. Planteó si los recursos deben destinarse a beneficios para estructuras ilegales o a atender a la población afectada.
En el cierre del bloque, el candidato Gómez propuso diferenciar entre acuerdos y negociaciones. Señaló que algunos grupos armados funcionan con fines económicos y que sus cabecillas son reemplazados con rapidez, lo que plantea dudas sobre la efectividad de eventuales pactos.
Luis Eduardo coincidió en que muchos de esos grupos no tienen ideología, pero reiteró que el Estado debe establecer condiciones para cualquier proceso y no descartar instrumentos que permitan disminuir la confrontación.
