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El alto tribunal consideró que no existía conflicto de intereses por el hecho de tener familiares trabajando en la Fiscalía General de la Nación.
Pese a que los togados expusieron los vínculos familiares con sus allegados que laboran en el ente acusador y argumentaron que por este vínculo se declaraban impedidos de votar, la sala plena de la Corte les negó dicho impedimento, señalando que el vínculo contractual de sus familiares con la Fiscalía no los exime de la votación.
Para la Corte, el hecho de que los aspirantes a Fiscal no hayan participado en la escogencia de sus familiares para trabajar en esa entidad, habilita a los magistrados para participar en la elección.
En el caso del magistrado Álvaro García, este señaló que dos de sus familiares laboran en la Fiscalía de Medellín hace 15 y 8 años respectivamente.
El magistrado Gerardo Botero indicó que familiares suyos, pero con cuarto grado de consanguinidad, laboran hace 23 años en el CTI.
Por parte del magistrado Eugenio Fernández, su hijo y un sobrino laboran en la Fiscalía, al igual que la hija de la magistrada Patricia Salazar, quien le informó a la Corte que su hija labora en la oficina a del fiscal general.
Finalmente, el nuevo magistrado de la Corte, Aroldo Quiroz, también reveló que su hermana labora en el ente acusador hace 15 años en la Fiscalía, mientras que su esposa lo hace en el Instituto de Medicina Legal.
