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Transparencia por Colombia calificó como “preocupante” el reciente informe de la Contraloría General que reveló la celebración de contratos por más de 9 billones de pesos en el periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
La organización señaló que estos picos de contratación se repiten en cada ciclo electoral y evidencian fallas persistentes en la planeación estatal.
La Ley de Garantías, que busca evitar el uso electoral de los recursos públicos y regular la financiación de campañas presidenciales, ha sido históricamente una herramienta clave para blindar los comicios. No obstante, Transparencia advirtió que su impacto debe revisarse a profundidad, pues su entrada en vigor sigue desatando una aceleración contractual que termina afectando la gestión pública.
“En cada ciclo electoral se repite el mismo estallido de contratación previo a su aplicación, lo que muestra un problema que aún no se resuelve. Coincidimos con la Contraloría en que este comportamiento refleja fallas de planeación en las entidades públicas. Esta improvisación no solo afecta la eficiencia, sino que también puede abrir la puerta a riesgos de corrupción”, señaló la entidad.
De acuerdo con Andrés Hernández, director de la organización, el hallazgo más crítico del informe se concentra en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), una de las entidades con mayor peso en la ejecución social del Gobierno. Según el análisis, su volumen de contratación previo a la Ley de Garantías requiere una revisión minuciosa.
“Preocupa la magnitud de contratación del DPS, una entidad estratégica para la Presidencia, lo que requiere un análisis urgente y profundo. Además, persiste el abuso de convenios interadministrativos, una figura con riesgos altos de corrupción que debe revisarse detalladamente”, afirmó Hernández.
La organización insistió en que, más allá de la coyuntura electoral, el Estado debe fortalecer su capacidad de planificación y control para evitar prácticas improvisadas que puedan afectar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, reiteró la necesidad de actualizar la Ley de Garantías para que siga siendo una herramienta efectiva en la protección de la integridad electoral y administrativa del país.
